El 31 de agosto de 2026, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en Bogotá D. C., mediante la Sentencia SC926-2026, no casar la providencia que absolvió a la empresa Comunicación Celular S. A. (Comcel S. A.) de las pretensiones formuladas por la sociedad Distritek S.A.S. La demandante buscaba la recalificación de su relación contractual de distribución a una agencia comercial de hecho, con el fin de exigir el pago de la prestación mercantil regulada en el artículo 1324 del Código de Comercio. La alta corporación confirmó definitivamente el fallo proferido el 18 de marzo de 2025 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El tribunal fundamentó su decisión en la falta de acreditación de los elementos esenciales de la agencia comercial, constatando que el distribuidor ejecutó las operaciones asumiendo directamente el riesgo económico del negocio, condición que desnaturaliza el agenciamiento mercantil.

La controversia judicial se derivó de una relación comercial sostenida durante 6,42 años, entre el 29 de septiembre de 2011 y el 1.º de marzo de 2018, en municipios de la zona occidental del país, tales como Medellín, Puerto Berrío, Remedios, Quibdó y Rionegro. En la demanda subsanada, la sociedad accionante planteó 115 pretensiones declarativas y de condena, apoyadas en 224 hechos, para solicitar el pago de $579.902.422 por concepto de cesantía comercial, además de indemnizaciones por terminación unilateral y el cobro de comisiones e intereses. Distritek S.A.S. argumentó que asumió de forma estable e independiente la promoción de planes pospago, kits prepago, tarjetas SIM y recaudos en Centros de Pagos y Servicios (CPS), mediante una proforma contractual de adhesión predispuesta por la demandada.

El elemento de prueba determinante para la resolución del recurso de casación fue la confesión rendida en el interrogatorio de parte por el propio representante legal de Distritek S.A.S., Carlos Mario Alzate Yepes. El directivo manifestó abiertamente que su representada asumió íntegramente los riesgos financieros, operativos y corporativos de la comercialización, enfatizando que Comcel S.A. no arriesgaba capital en la operación. La magistrada ponente, Martha Patricia Guzmán Álvarez, explicó que en la agencia mercantil el agente actúa por cuenta ajena, lo que implica que el patrimonio del agenciado es el receptor directo de los éxitos o fracasos, de las fluctuaciones del mercado, la insolvencia de los clientes o la devaluación. Por consiguiente, al asumir el intermediario el riesgo del negocio, la relación se cataloga como un contrato de distribución.

Finalmente, la corporación resolvió no casar la sentencia absolutoria expedida por el juzgador de segunda instancia. Como consecuencia del fallo adverso, el alto tribunal impuso condena en costas a la sociedad impugnante y fijó la suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho.

Esta decisión sienta un precedente jurisprudencial determinante para el derecho comercial colombiano al delimitar los criterios clasificatorios entre la distribución y la agencia mercantil. La Corte Suprema de Justicia precisó que las cláusulas de supervisión corporativa, el uso de marcas, la fijación de zonas o la adhesión a minutas no convierten un contrato de distribución en un agenciamiento comercial de hecho, puesto que constituyen rasgos comunes destinados a proteger la reputación del productor. Para el público corporativo, el fallo deja un aprendizaje empresarial fundamental: el riesgo económico define la naturaleza de la relación contractual. Las compañías deben documentar minuciosamente la asignación de contingencias en sus contratos, ya que la asunción de pérdidas por el intermediario descarta reclamos indemnizatorios posteriores.