Las empresas que tienen sede en Colombia deben estar actualizadas con la nueva Circular de la Superintendencia de Sociedades, puesto que acaba de renovar por completo la Circular Básica Jurídica, la cual define cómo deben comportarse las juntas directivas, los administradores y los máximos órganos sociales de miles de empresas en el país. El principal mensaje que envía esta circular es que se debe dar aplicación al manual y no únicamente tenerlo archivado.
La nueva regulación toca puntos sensibles del día a día empresarial, entre los que se encuentran cómo se convocan y desarrollan las reuniones de socios, el funcionamiento real de las juntas directivas, el derecho de inspección de los accionistas, las reformas a los estatutos y procesos tan delicados como fusiones y escisiones. Pero el cambio más profundo está en otro lugar: los administradores ahora deben demostrar, con evidencia concreta, que actúan con buena fe, diligencia y lealtad. Ya no es suficiente decirlo en el papel.
¿Qué significa esto en la práctica? Que cada decisión importante debe quedar documentada, que los conflictos de interés deben identificarse activamente (no esperar a que exploten) y que la información reservada de la compañía necesita protección real, no solo una cláusula de confidencialidad de adorno, sino medidas y acciones concretas.
Además, la Circular unificó en un solo capítulo la gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción (SAGRILAFT y PTEE). Las empresas obligadas deberán nombrar un oficial de cumplimiento principal y uno suplente, ambos con residencia en Colombia y con la experiencia necesaria para el cargo.
Aquí viene lo más importante para cualquier gerente o junta directiva: la responsabilidad ya no recae solo en esa persona. El representante legal, la revisoría fiscal, la auditoría interna y el máximo órgano social están llamados a participar activamente en la supervisión de estos sistemas. Firmar un manual de cumplimiento sin hacerle seguimiento real ya no protege a nadie.
Para las empresas colombianas, el mensaje es sencillo pero exigente: revisar su gobierno corporativo, identificar qué régimen les aplica y empezar a construir un historial documentado de sus decisiones. La transparencia dejó de ser un valor aspiracional para convertirse en un requisito verificable.