Hoy, en las sociedades, el abuso del derecho se ha convertido en uno de los conflictos más comunes de las empresas. Aun así, aunque existen facultades legales que los socios tienen para tomar decisiones dentro de una sociedad, estas no pueden utilizarse para perjudicar injustificadamente a otros asociados, evadir responsabilidades o afectar la buena fe comercial.
El abuso del derecho inicia desde el momento en que un accionista o un grupo de ellos utiliza el poder que los faculta para tomar decisiones, y las mismas no buscan el beneficio de la sociedad, sino que tienen como fin perjudicar a otros socios o derivar una ventaja injustificada para sí mismos.
En este orden de ideas, los escenarios más comunes que se llegan a presentar son:
Aumentos de capital "dilutorios".
No distribución de dividendos.
Venta de activos estratégicos.
La jurisprudencia y la doctrina han reiterado que toda actuación societaria debe estar orientada por principios como la buena fe, la transparencia y la función económica de la empresa. Es por eso que la Ley 1258 de 2008 consagra en su artículo 43 la prohibición del abuso del derecho, lo que otorga a la Superintendencia de Sociedades facultades jurisdiccionales para declarar la nulidad de las decisiones adoptadas en abuso, así como también ordenar la indemnización de los perjuicios causados.
"No basta con cumplir las formalidades de una convocatoria o un quórum. La decisión debe ser leal y responder al interés social", afirman juristas especializados. Bajo este principio, la "voluntad de la mayoría" ya no es absoluta si carece de un propósito económico legítimo.