El 5 de agosto de 2026, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1040 de 2026, mediante el cual adicionó un capítulo al Decreto 1072 de 2015 para fortalecer las garantías de protección frente al acoso, la violencia basada en género y la discriminación en el ámbito laboral. La disposición busca promover entornos de trabajo dignos y seguros, con medidas de prevención, atención, protección y seguimiento.

Una de las principales obligaciones consiste en implementar, actualizar y socializar una política de prevención y un protocolo de atención. Estos instrumentos deben publicarse y ser conocidos por todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, independientemente de su modalidad de vinculación. Además, deben establecer rutas de atención integral, canales seguros y confidenciales para presentar quejas, responsables de gestionar los casos, medidas de protección, procedimientos de investigación y mecanismos de articulación con las autoridades competentes. La norma también exige actividades periódicas de formación y actualización.

Otra novedad relevante es la amplitud de los sujetos protegidos. Las garantías no se limitan a quienes tienen un contrato laboral tradicional, sino que comprenden también a personas vinculadas bajo distintas modalidades contractuales, trabajadores informales, aprendices, practicantes, personas voluntarias, aspirantes a un empleo y personas despedidas, entre otros sujetos contemplados en la regulación. De esta manera, la protección se extiende a distintas situaciones que pueden presentarse durante el acceso, la permanencia o la desvinculación del mundo del trabajo.

En materia de atención, los empleadores y las entidades contratantes deben brindar acompañamiento institucional y orientación jurídica inicial, facilitar el acceso a apoyo psicológico y emocional mediante los canales de atención de las administradoras de riesgos laborales (ARL) y garantizar el tratamiento seguro de la información relacionada con los casos. Asimismo, deben valorar los riesgos y adoptar medidas acordes con las circunstancias particulares, respetando la autonomía y el consentimiento informado de la persona afectada.

Entre las medidas de protección previstas se encuentran evitar el contacto entre la víctima y la persona denunciada, ajustar turnos y jornadas, considerar la posibilidad de teletrabajo, redistribuir tareas y modificar las condiciones de supervisión cuando resulte pertinente. Estas medidas deben adoptarse oportunamente y sin generar perjuicios para la persona protegida. La regulación también prohíbe las represalias contra quienes presentan quejas o participan como testigos.

En este último aspecto, el decreto establece que las terminaciones unilaterales del contrato de trabajo o las destituciones de la víctima ocurridas durante los seis meses siguientes a la presentación de la petición carecen de efecto cuando se verifica, por vía judicial, administrativa o de control, la ocurrencia de los hechos denunciados.

Finalmente, las víctimas de violencia basada en género tienen derecho a no ser confrontadas con la persona señalada dentro del procedimiento, y estas conductas no son conciliables. Por ello, las organizaciones deben revisar sus políticas, protocolos, reglamentos y canales de denuncia, así como capacitar a sus equipos y documentar las medidas adoptadas para garantizar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de las personas involucradas.