La expedición del Decreto 413 de 2025 trae consigo un cambio de paradigma, al abrir la posibilidad de que las entidades que otorgan el subsidio familiar para el mejoramiento de vivienda, la construcción de sitio propio, viviendas de interés social, entre otros, otorguen una validación con el objetivo de permitir a los particulares adelantar modificaciones de vivienda bajo un modelo de autogestión.
En este marco, el decreto elimina la necesidad de solicitar licencia urbanística, siendo suficiente una carta de responsabilidad mediante la cual se certifica el cumplimiento de los estándares técnicos. Asimismo, para garantizar la idoneidad en la aprobación de dicha carta, se plantean estrategias de capacitación en beneficio de los profesionales de las entidades competentes.
Al respecto, se trata de una disposición que aplica de manera exclusiva cuando el subsidio obedece a recursos públicos del orden nacional. Por otro lado, las entidades territoriales y las cajas de compensación familiar tendrán la libertad de adoptarla o no; en caso de no hacerlo, se mantendrá el requisito de la licencia urbanística.
Ahora bien, la carta de responsabilidad deberá ser acreditada por profesionales de áreas afines del conocimiento, quienes serán responsables de los estudios, planos, memorias técnicas y diseños. En este sentido, la carta hará las veces de una autorización para el inicio de obra, la cual deberá ser remitida a las autoridades municipales.
Sobre el particular, diferentes voces han advertido que la eliminación de la licencia urbanística en este ámbito podría configurar un detrimento en materia de seguridad, al considerar que se suprime un requisito técnico mínimo en el sector vivienda.
Sin embargo, la expedición del mencionado decreto responde a una problemática contemporánea que afecta a una gran parte de la población nacional: el acceso a una vivienda en condiciones dignas. En ese sentido, la estrategia propuesta busca ofrecer a las poblaciones más afectadas por el alto costo del sector inmobiliario una alternativa accesible para mejorar sus condiciones materiales de vivienda.
No obstante, se trata de una apuesta arriesgada, en la que las entidades competentes deberán impulsar mecanismos para frenar el avance de la práctica urbana informal. Asimismo, la política de capacitación destinada a garantizar la correcta validación de la carta de responsabilidad requiere el despliegue de un andamiaje formativo robusto y célere, acompañado de una veeduría rigurosa por parte de las entidades de control.
En suma, es una apuesta positiva pensada para la población más afectada por las dificultades de acceso a la vivienda; sin embargo, requiere una implementación cuidadosamente planificada que garantice una mejora significativa en la calidad de vida de la población.