El acceso a los contratos estatales representa una oportunidad de crecimiento para las empresas y los emprendimientos. En este contexto, el Gobierno nacional expidió el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026, mediante el cual estableció medidas afirmativas para promover la participación de las personas con discapacidad en el sistema de compras y contratación pública.
La regulación incorpora un sistema de preferencias que busca reducir las barreras de acceso a los procesos contractuales y fortalecer la inclusión laboral y económica de esta población. Entre sus principales medidas se encuentran los requisitos habilitantes diferenciales, los criterios de accesibilidad en las compras públicas, las condiciones especiales de ejecución contractual y los incentivos para fomentar la vinculación laboral de personas con discapacidad.
Uno de los beneficios más relevantes es la asignación de un puntaje adicional del 2 % en los procedimientos de licitación pública y concurso de méritos a los proponentes que acrediten las condiciones previstas en la norma. Este incentivo puede beneficiar tanto a los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad como a los empleadores que cumplan los requisitos de vinculación laboral establecidos en el decreto. El puntaje es único y no acumulable, incluso cuando el proponente acredita ambas condiciones. Además, su aplicación depende de la modalidad de selección y del régimen de contratación aplicable.
La norma contempla diferentes categorías de beneficiarios. Entre ellas se encuentran las personas naturales con discapacidad que ejerzan profesiones liberales, quienes desarrollen actividades comerciales mediante establecimientos de comercio, las personas jurídicas cuya propiedad mayoritaria pertenezca a personas con discapacidad y las empresas que cuenten con personas con discapacidad vinculadas laboralmente en cargos directivos. Para cada categoría existen condiciones específicas de acreditación y, en determinados casos, requisitos mínimos de antigüedad.
Asimismo, el decreto establece medidas para facilitar la participación de estos actores económicos, como la incorporación de requisitos habilitantes diferenciales y la promoción de condiciones de accesibilidad en los bienes, obras y servicios adquiridos por las entidades públicas. También contempla condiciones especiales durante la ejecución contractual y promueve la contratación de personas con discapacidad mediante contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, conforme a las reglas aplicables.
Para aprovechar estas oportunidades, las empresas interesadas deben identificar la categoría en la que pueden participar y reunir los documentos correspondientes, que pueden incluir certificados de discapacidad, registros mercantiles, certificados de existencia y representación legal, documentos societarios y soportes de vinculación laboral. La documentación exigida varía según el beneficio que se pretenda acreditar.
Finalmente, resulta recomendable consultar los procesos publicados en SECOP II, revisar los pliegos de condiciones y verificar las disposiciones aplicables a cada convocatoria. El Decreto 287 de 2026 amplía los mecanismos de inclusión en la contratación pública, por lo que conocer sus requisitos puede ayudar a las empresas a identificar oportunidades comerciales y participar en condiciones más favorables, sin que ello garantice la adjudicación de un contrato.