Es trascendental el avance tecnológico que se ha presentado en los últimos años, enfocado principalmente en la inteligencia artificial y su aplicabilidad en el desarrollo de la vida cotidiana, donde ha proporcionado facilidades de comprensión, análisis y búsqueda de información de manera compilada, en fracción de segundos. Aunado a ello, ha despertado una constante intriga por parte de la población, con manifestaciones de un posible reemplazo de la capacidad humana en el marco del desarrollo de las labores y el creciente miedo a la desaparición de profesiones por la sustitución de la inteligencia artificial.
No obstante, dentro de la aplicación del derecho y la toma de decisiones judiciales, esta situación tiene una connotación diferente, ya que la subjetividad en la aplicación del caso concreto depende en gran parte del análisis y la interpretación normativa del funcionario judicial, por supuesto, con fundamento en la disposición legal vigente. Ahora bien, conforme a la sentencia T-323 de 2024, no es ajeno a la realidad el uso de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial como apoyo para la toma de decisiones y la consulta de conceptos de forma razonada y como base de guía; sin embargo, estas no podrán reemplazar en su totalidad la decisión o el argumento jurídico íntegro del funcionario judicial, ya que carecen del componente ético y subjetivo propio de la aplicación normativa al caso concreto, el cual es inherente al ser humano.
Seguidamente, se presenta la posibilidad de generar una vulneración al debido proceso y a la transparencia jurídica, en el entendido de que podría afectarse el ejercicio del derecho de contradicción y debate dentro de un proceso jurídico, toda vez que, en el marco de la consulta a la inteligencia artificial, esta se basa principalmente en el suministro de datos sobre los hechos ocurridos, sin tener en cuenta la argumentación de las partes, que efectivamente puede incidir en la motivación de los hechos jurídicamente relevantes, la suficiencia probatoria, el adecuado desarrollo procesal y aspectos concordantes con la eventual transgresión de derechos constitucionales.
Por consiguiente, se tiene que el uso de la inteligencia artificial es permitido en el marco jurídico como base o guía para la organización de la motivación de una decisión o argumento; no obstante, actualmente resulta inconcebible el reemplazo del aparato judicial y/o administrativo por tecnologías emergentes.