Entre los mecanismos de control político se incluye: el mecanismo de la citación, la moción de censura y la audiencia pública

Esto en razón a que el dinero de las propinas no provienen de la empresa que es la contratante del trabajador, sino de un tercero que si bien es cliente de la empresa, no tiene ninguna relación con ésta, de suerte que en ningún momento puede considerarse ese dinero como salario, aunque para el trabajador sí constituye ingreso

En la mayoría de los sitios, el cliente decide si da o no una propina y el monto de ésta. En los últimos años en algunos países la propina se ha convertido en un pago obligatorio por algunos servicios, los restaurantes son el mejor ejemplo de esto. Sin embargo, al ser obligatoria haría que pierda el carácter de propina (aunque se conserve el nombre

“Art. 162. Excepciones en determinadas actividades.

1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:

b). <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Los servicios domésticos ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo; […]”

Pero la Corte Constitucional mediante la Sentencia 372 de 1998 condicionó la interpretación de la norma anterior referente al servicio doméstico así:

Residen en el lugar de trabajo: En el servicio doméstico se presenta la situación en la cual la persona contratada residirá en el hogar (casa o finca), no podrán laborar más de 10 horas, después de ese límite se genera horas extras, de igual manera, siempre tendrá derecho a laborar máximo 6 días a la semana, el séptimo es de descanso remunerado.

Se desplaza todos los días al sitio de trabajo: En estos casos, la jornada máxima será igual a la de cualquier trabajador, o sea, 8 horas, después de ese 

Si la existencia del proceso no se pone en conocimiento de los interesados, desde la admisión de la demanda de tutela, no se logra la integración en debida forma del contradictorio y debe declararse la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción.

Así lo advirtió la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al ordenar la anulación de las actuaciones surtidas dentro de la acción de tutela que interpuso el brigadier general Álvaro Velandia Hurtado contra el fallo de la Sala Plena de ese alto tribunal que confirmó la sanción disciplinaria en su contra por la desaparición forzada de Nidia Érika Bautista, integrante del grupo guerrillero M-19, en 1987.

En el proceso de tutela, la Sección Segunda, conformada por conjueces, accedió a la solicitud y ordenó revocar la providencia de la Sala Plena.

Para la corporación, el auto admisorio de la demanda debió comunicarse al Ministerio de Defensa, pues la discusión giraba en torno a los actos administrativos que desvincularon al accionante del Ejército Nacional. En esa medida, concluyó que los derechos fundamentales de la entidad fueron desconocidos. Ámbito jurídico. 

"se entiende por patrimonio familiar la afectación de un bien inmueble para que sirva de vivienda a los miembros de una familia o este destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio, por que el entorno familiar tenga recursos suficientes que aseguren su subsistencia" ()

"Es el Régimen legal que tiene por finalidad asegurar la morada o el sustento de la familia, mediante la afectación del inmueble urbano o rural sobre el que se ha constituido la casa-habitación de ella o en el que se desarrollan actividades agrícolas, artesanales, industriales o de comercio, respectivamente. Con tal propósito, se precisa que el patrimonio familiar es inembargable, inalienable y transmisible por herencia." ()

De esta forma,  la posibilidad de ser titulares de la sucesión intestada, ser incluidos en el segundo y tercer orden hereditario y ser excluidos de la porción conyugal por caer en pobreza se extiende a los compañeros permanentes y a las parejas homosexuales. Para la Corte, el legislador incurrió en una omisión relativa, pues solo previó la vocación hereditaria del cónyuge que le sobrevive al causante.

En el fallo, recordó que la jurisprudencia constitucional les ha reconocido a los compañeros permanentes derechos que solo se establecían para las uniones conformadas mediante vínculo matrimonial, como la afiliación al régimen de salud, la pensión de sobrevivientes y la obligación alimentaria. Además, para el alto tribunal, las parejas homosexuales que viven en unión de hecho también conforman una familia, porque el elemento que otorga esa naturaleza no es la heterosexualidad o la consanguinidad, sino el afecto que da lugar a su existencia. Ámbito  jurídico 

*Fuentes materiales organos y fuerzas sociales con capacidad para emanar normas con fuerza obligatoria.

*Fuentes formales medios en que manifiesta externamente el derecho.

*Clases de Fuentes

a)Fuentes Directas contienen una norma juridica.

*Ley norma escrita, expresion reflexiva que se da a traves de los organos oficiales. Tanto la ley como reglamentos, convenios colectivos, etc. Rige el principio de jerarquia y la ley mas alta es la Constitucion.

*Costumbre expresion espontanea y directa de la conciencia popular. Norma no escrita producto de un largo periodo de tiempo de repeticion de una conducta que adquiere fuerza obligatoria por esa repeticion.No hay jerarquia. Puede ser preter legem (en defecto de norma escrita), secuncum legem (de identico contenido que esta) o contra legem (de contenido contrario o distinto que la norma escrita)

*Principios Generales del Derecho valores eticos sobre los que se basa toda la regulacion de la vida social contenida en las normas juridicas. Cubren las lagunas de la ley y la costumbre y ayudan a interpretar a estas. Existen muchos por ejemplo, la cosa juzgada se tiene por cierta, quien puede lo mas puede lo menos, la norma posterior deroga la anterior, nadie puede ir contra sus propios actos, etc.

b) Fuentes indirectas no encierran forma juridica alguna sino que sivrne para la formacion, aplicación, interpretacion y desarrollo de las mismas. Como ejemplos estan la analogia, los tratados internacionales (mientras no sean publicados en el BOE pueden servir como orientacion en la creacion de normas nacionales) , la jurisprudencia (completara el ordenamiento juridico con la doctrina que de modo reiterado establezca el tribunal supremo al aplicar la ley, costumbre y PGD), la doctrina cientifica (constituida por los estudios y opiniones de doctores en derecho) y el derecho natural.

2.Fuentes del derecho administrativo en particular no difiere del general pero se caracteriza por estar dominado por el principio de la ley escrita y casi no aplicación de las fuentes indirectas y la costumbre

Ejemplo:

Vía de hecho o por falta de derecho. Fuera del derecho de expropiación y del derecho de requisición militar la administración no tiene poder alguno para apoderarse de una cosa perteneciente a un particular especialmente del derecho de confiscación y no tiene el derecho de imponer a los ciudadanos el trabajo personal obligatorio y gratuito, fuera del reclutamiento militar y de las prestaciones vecinales. No tiene el derecho de mantener en prisión a un ciudadano sin juicio por medida de policía.

• La administración comete una vía de hecho o una usurpación de poder si usa un derecho que posee realmente pero sin observar los procedimientos que le son impuestos, protectores de los intereses de terceros.

Ejemplo:

Vía de hecho por falta de procedimiento. De otro lado para ejercer los poderes de la administración el poder público está obligado a observar los procedimientos consagrados y si ejerce poderes aún legales fuera de todo procedimiento o con procedimientos que no son los pertinentes

• Conjunto de factores que determinan la creación del Derecho (factores sociológicos)

• Actos y hechos jurídicos que sirven de fundamento para dar solución a un caso concreto.

• Fuentes de producción que son quienes crean el derecho

• Las Normas de creación del Derecho condicionan la validez, son asimismo criterios de solución de antinomias.

Las Fuentes Principales se consideran:

• Constitución

• Ley

• Actos Administrativos

Como Otras Fuentes o Fuentes Secundarias se consideran:

• Jurisprudencia

Costumbre

• Doctrina

• Equidad

Principios Generales (depende de la norma que lo contenga)

• La costumbre solo puede ser utilizada cuando la ley lo permita

• Dentro de las fuentes secundarias, o criterios auxiliares de interpretación, el último recurso es la Equidad.

La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario.

Art. 2143.- El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez.

Art. 2144.- Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.

Art. 2145.- El negocio que interesa al mandatario solo, es un mero consejo que no produce obligación alguna.

Art. 2146.- Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de estos dos o a ambos y un tercero, o a un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato; si el mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre estos dos el cuasicontrato de agencia oficiosa.

Art. 2147.- La simple recomendación de negocios ajenos no es, en general, mandato; el juez decidirá según las circunstancias, si los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá recomendación.

Art. 2148.- El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso.

Art. 2149.- El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra.

Art. 2150.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita.

Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato.

Aceptado el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua voluntad de las partes.

Art. 2151.- Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación.

Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.

Art. 2152.- Puede haber uno o más mandantes, y uno o más mandatarios.

Art. 2153.- Si se constituyen dos o más mandatarios, y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios; pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo.

Art. 2155.- El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo.

Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado.

Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo, y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga.

Art. 2156.- Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas.

La administración está sujeta en todos casos a las reglas que siguen.

• La Existencia

• La Capacidad

• La Dignidad

• La Vocación Hereditaria

• Abintestato

• Testamentaria

La vocación depende de la relación jurídica que se predica entre causante y causahabiente, que se predica por los vínculos de parentesco: consanguinidad, matrimonio (afinidad) o civil.

La vocación testamentaria o hereditaria depende de la voluntad del testador, quien a través del acto jurídico testamentario puede asignar sus bienes, no solo a quienes ostentan una relación jurídica sino también a terceros.

Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de representación.

El derecho de representación se da de descendientes hacia ascendientes y no opera de ascendientes hacia descendientes:

Según el alto tribunal, omitir este trámite no genera la nulidad del acto ni lo torna ilegal, pues lo que se afecta es su eficacia y no su validez ni su existencia, que se da desde el momento en que la autoridad lo expide.

Fuerza ejecutoria

La Sección advirtió que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo no puede confundirse con las causales de nulidad.

Las causas de la pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento de acto, que no provocan su anulación.

El decaimiento del acto, recordó el Consejo, se produce cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo fundamentaron.

(Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 20030037901, mar. 16/12, C. P. María Claudia Rojas) ámbito jurídico 

El imputado es aquel interviniente contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado.(

El perjuicio (véase daño) es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o simplemente de una ventaja

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia reivindicó el derecho que tiene la persona víctima de un hecho dañoso a reclamar el perjuicio al que hemos hecho referencia, es decir el daño a la vida de relación; para lo cual se toman las directrices de nuestra Constitución Política.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia empieza haciendo una clasificación de los diferentes tipos de perjuicios, derivados del denominado “daño a la persona”, los cuales define en los siguientes términos:

El primero de tales conceptos corresponde a las nociones de daño emergente y lucro cesante que, se reitera, constituyen expresiones características del perjuicio que reviste naturaleza eminentemente patrimonial, en los términos en que han sido descritos por los artículos 1613 y 1614 del Código Civil.   El segundo se identifica con la noción de daño moral, que incide o se proyecta en la esfera afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.   Y el tercero, es el denominado daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de su “… actividad social no patrimonial…” (…)

De esta manera, la Corte afirma que el daño a la vida de relación es un derecho de la persona, el cual debe ser reconocido por el ordenamiento.

El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio. Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido destruida puede reclamar el precio de la misma, así como el beneficio que hubiera obtenido.

Si bien se admite generalmente la indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia suele exigir una carga probatoria mucho mayor, y son mucho más cautelosos a la hora de concederla

Por daño emergente se entiende el empobrecimiento real y efectivo del patrimonio que ha sufrido el daño.

• Ejemplo de daño emergente en sede contractual. Un productor de eventos celebra un contrato con determinado artista para que realice un espectáculo en vivo. En virtud de este contrato, el productor invierte dinero en promocionar el evento en televisión, radio y medios escritos, junto al arrendamiento del recinto en donde se llevaría a efecto el espectáculo. Sin embargo, el artista no cumple su parte del contrato y señala que no se presentará. El incumplimiento del artista ha implicado un daño emergente para el productor, daño que se extiende a todo lo invertido para promover el espectáculo.
• Ejemplo de daño emergente en sede extracontractual. El dueño y conductor de su taxi cruza por una avenida, en perfecto cumplimiento de la normativa del tránsito, pero otro vehículo, con imprudencia de su conductor, no respeta la señalización y choca contra el taxi, destruyendo parte del motor. El dueño del taxi ha sufrido un daño emergente que se extiende a la destrucción que ha sufrido su vehículo.

La necesidad de determinar exactamente en qué consiste el daño patrimonial, tiene por objeto conocer con precisión qué tipo de perjuicios deben indemnizarse, frente a un daño imputable a dolo o culpa, en sede extracontractual o frente a un incumplimiento imputable, en sede contractual.

En efecto, la determinación del daño patrimonial tiene por finalidad acotar la extensión de la indemnización de perjuicios a que un daño imputable de origen

• Se presume la culpa de la persona jurídica no por las obligaciones de elegir y controlar a los agentes cuidadosamente puesto que las presunciones basadas en estas obligaciones no existen en la responsabilidad directa sino por el deber primario del Estado de prestar a la colectividad los servicios públicos.

• Basta a la victima demostrar la falla causante y el daño.

• En descargo de la administración no procede sino la prueba de un elemento extraño (caso fortuito, hecho de un tercero o culpa de la victima).

• Si el daño se produce por el hecho de un determinado agente en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas la administración y el agente responden solidariamente al damnificado con ocasión del reembolso a favor de aquella.

• Los actos u omisiones dañosos del agente por fuera de los servicios públicos generan una responsabilidad exclusiva del mismo.

• La acción indemnizatoria contra la administración prescribe según las reglas generales por tratarse de responsabilidad directa y la acción frente al agente determinado si lo hubiere en 3 años.

• La Corte ha sustentado esta doctrina en el art.2341 del C. Civil.

El documento, que ha circulado en Cali con el antiguo logo de la DIAN, solicita concretar la fecha, hora y lugar para efectuar la inspección, que se enfocaría en el sistema operativo Windows, el paquete Office y los programas contables.

Con el fin de evitar estafas, los contribuyentes deben tener en cuenta el siguiente procedimiento legal que lleva a cabo la DIAN:

1. Emite un auto comisorio, que se le notifica al representante legal de la sociedad.

2. Solicita la documentación legal de los programas instalados (licencias, facturas, informe de gestión, entre otros).

3. Verifica físicamente la información referente a los equipos de cómputo y constata la documentación presentada.

4. Elabora el acta de la visita adelantada.

Los actos que ordenan la inspección contienen algunos números telefónicos para corroborar que quien se presenta en las instalaciones de la empresa o el establecimiento de comercio es funcionario de la DIAN y está debidamente facultado para ello, advirtió el organismo. Ámbito jurídico 

Todos los años, cuando la DIAN hace su solicitud anual de información exógena tributaria, siempre termina diseñando dos formatos a través de los cuales se terminarían informando todos los distintos tipos de costos y gastos que un informante pudo haber llegado a tener durante el año fiscal: el 1001 ( con el cual se suministra la información del literal “e” del artículo 631 del Estatuto) y el 1011 (con el cual se suministra la información del literal “K” del artículo 631 del Estatuto).

En el caso del año gravable 2011, con la solicitud que se hizo a través de la Resolución 11429 de octubre 31 de 2011, es claro que muchos informantes tendrían que utilizar solo el formato 1001 mientras que otros sí terminarán utilizando tanto el 1001 como el 1011 (ver los artículos 1 y 2 de la Resolución y los cuadros de las páginas 16 a 20 de nuestra publicación “Guía para la preparación y presentación de la información exógena tributaria la DIAN por al año gravable 2011” la cual se pude adquirir a precio especial  si se compra junto con la obra de  “Guía para la preparación y presentación de la declaración  de renta de personas jurídicas año gravable 2011” ).

El punto a destacar entonces es que en el formato 1001 solo se tienen que reportar aquellos pagos y/o causaciones en los cuales sí existe un beneficiario externo real (ya sea persona natural o jurídica). Por consiguiente, los demás costos y gastos que no tienen beneficiario (tales como el gasto depreciación,  o la provisión cartera, etc.),  por no tener un beneficiario externo real, se reportarían solo por quienes deban desarrollar la información del literal “k” y lo harían usando el Formato 1011 (ver numeral 5 del Art.11 de la Resolución 11429). En ese formato 1011 solo se usan conceptos y valores pero no se colocan datos de terceros.

Lo que pasaría si solo se debe entregar el 1001, pero no se tiene que entregar el 1011

Lo anterior implicaría entonces que si alguna persona natural o jurídica solo tiene que entregar el formato 1001 y no tiene que entregar el formato 1011 (como es el caso de aquellos que solo fueron agentes de retención con retenciones practicadas durante el 2011 superiores a $3.000.000), en ese caso en sus declaraciones de renta o de ingresos y patrimonio tendrán muchos más gastos que aquellos que se reporten en el formato 1001, pues por ejemplo en sus declaraciones sí figurarían los gastos por depreciación, o por provisiones, etc,. Pero como ya dijimos esos tipos de gastos sin beneficiario externo solo se llevan al formato 1011.

Adicionalmente, si algún costo o gasto fue deducido en la declaración de renta o de ingresos y patrimonio por más del 100% del verdadero valor pagado (ejemplo: la donación a la fundación Gustavo Matamoros se deduce en un 125% del valor pagado; ver Art.126-2 del ET) en ese caso, en el formato 1001,  al tercero solo se le reporta con el 100% del valor pagado (en el ese ejemplo se usaría el concepto 5013). Pero luego, si se debe entregar el formato 1011 (literal “k del Art. 631, Art. 11 de la Resolución), entonces allá en ese otro formato 1011, que no maneja nombres de “terceros”,  se dirá cuál fue el valor deducido en renta (en nuestro ejemplo se reportará el 125% del pago y se hará con el concepto 8222).

El caso de los pagos laborales

Incluso, es importante destacar que en el caso de los costos y gastos labores, la instrucción del formato 1001 para cualquier reportante que lo tenga que diligenciar es que allí, con los nombres de los empleados, irían los datos de los empleados a quienes se les hicieron pagos (no causaciones) por valor superior a $10.000.000. Los demás empleados que recibieron pagos inferiores a ese tope se reportan en un solo registro con el seudo-nit 222222222 y razón social “cuantías menores”.

Pero luego, en el formato 1011, para quien lo tenga de diligenciar, se informará el valor que se tomó en la declaración de renta como costo o gasto por pagos labores sin importar que solo estuviese causado y se haría con concepto 8207 (ver el art.11, numeral 5, ítem 52, de la Resolución 11429). Recuérdese que los costos y gastos laborales son deducibles sin importar que solo estén causados, pero con tal que los aportes de seguridad social y parafiscal sobre la parte salarial sí se hayan pagado antes de presentar la declaración (ver artículo 664 del Estatuto tributario).

El punto es que en el formato 1001 la DIAN solo necesita conocer los datos de los salarios efectivamente pagados al trabajador pues solo cuando un asalariado recibe el pago de sus salarios es cuando se dice que sí recibió el ingreso durante el año ya que ellos no llevan contabilidad por causación (ver Artículo 27 del Estatuto Tributario).Actualicese.com

Art. 1037 COCO. Persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Puede ser persona natural o jurídica, la única excepción es cuando se aseguran patrimonios autónomos. El tomador puede ser una o varias personas. Se puede estipular un seguro en nombre de otro art. 1506 COCO.

• Beneficiarios: el que se beneficia de la ocurrencia de un siniestro asegurado por el tomador.

• Asegurador o compañía de seguros: persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos

• Contrato de seguros terrestre: arts 1036 al 1162 CCO.

Se divide en :

• Contrato de seguros de daños: su fin es la protección del patrimonio.

• Contrato de seguros de personas: su fin es la protección de los derechos personalísimos ( vida, salud e integridad personal.

• Contrato de seguros marítimo: arts. 1703 al 1765 COCO.

El total de lo que debe pagar el tomador constituye el premio del seguro.

Si la prima no es pagada en término, el asegurador no es responsable por el sinistro ocurrido antes de su pago.

La prima puede variar en el curso del contrato, aumentando o disminuyendo cuando aumente o disminuya el riesgo contemplado.

Denunciar el estado de riesgo: El tomador debe describir con precisión el riesgo contemplado, con relación a la cosa o persona sobre la cual recae el interés asegurable.

Se llama reticencia a las declaraciones falsas o silenciamiento de circunstancias conocidas, que a juicio de peritos hubieran impedido el contrato, o modificado sus condiciones. La reticencia da derecho al asegurador a anular el contrato.

Denunciar la agravación del riesgo: El tomador debe denunciar todos los hechos, propios o ajenos, que puedan agravar el riesgo contemplado, aumentando la posibilidad de siniestro.

Denunciar el siniestro: El tomador debe denunciar el siniestro dentro de los tres días de ocurrido. Debe denunciar y probar los daños que ha sufrido y permitir que el asegurador verifique la concurrencia del hecho y los perjuicios ocacionados.

Salvamento: El tomador debe hacer todo lo necesario para evitar o disminuir los daños

Aunque no es un delito que se haya desarrollado mucho jurisprudencialmente, en una providencia del 2008 (Sentencia 28711) ya había esbozado algunas precisiones sobre los elementos de este tipo penal.

Sin embargo, en esa ocasión, no se concentró en el tema que mereció este nuevo pronunciamiento: según el alto tribunal, para que se consume el delito, no es necesario que la acreencia esté consignada en un documento que preste mérito ejecutivo. Basta que la fuente de la obligación sea identificable.

Con base en esta precisión, condenó a un empresario que se insolventó ficticiamente con el fin de evitar el pago de las acreencias laborales que le exigía un trabajador en un proceso laboral ordinario.

En opinión de la Sala, no es necesario un fallo de la justicia laboral que ordene el pago de los salarios y las prestaciones, pues es suficiente que exista un contrato de trabajo y se identifiquen las obligaciones incumplidas por el empleador.

De esta forma, avaló la penalización de lo que en el Derecho Civil se llama simulación; una conducta que antes del Código Penal vigente estuvo despenalizada por muchos años.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 35438, ene. 16/12, M. P. Augusto Ibáñez) ámbito jurídico 

Comisión de verificación de la redacción del acta

En algunas ocasiones, especialmente cuando hay muchos conflictos internos, la asamblea de propietarios podrá encargar una comisión de verificación de la redacción del acta, los cuales tendrán cómo función verificar que el contenido del acta se ajuste a lo tratado en la asamblea.

Publicidad del acta

Finalizada la asamblea de propietarios, el administrador tendrá 20 días hábiles para poner a disposición de los propietarios y de los moradores que lo soliciten, copia del acta debidamente suscrita por quienes ya mencionamos. Esa disposición podrá ser de dos formas: dejando copia en la sede del administrador (oficina o zona común –Cartelera-) o en su defecto, entregando una copia directamente en cada apartamento o casa. Actualícese. 

La expresión se utiliza cuando, tras un recurso de apelación o de casación, el tribunal encargado de dictar una nueva sentencia resuelve la causa empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia para el recurrente.

En muchas ocasiones existe la prohibición de la reformatio in peius como una garantía procesal para el apelante, particularmente en materia penal. Sin embargo, suele ser muy habitual (salvo que la sentencia principal resuelva el asunto totalmente a favor de una de las partes) que sean ambas partes las que pueden recurrir al tribunal, en cuyo caso el tribunal podrá mejorar o empeorar la resolución, sujetándose a las peticiones de las partes

Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas.

La empresa le exigirá al nuevo habitante una póliza de cumplimiento o un depósito de dos meses (cargo fijo más consumo promedio) para asegurar la deuda en caso de mora

A juicio de la Corte, las inconsistencias en el registro civil de nacimiento de un menor de edad no pueden impedir la prestación del servicio. En estos casos, el interesado debe solicitarle a la notaría o a la Registraduría correspondiente la corrección de la información. Sin embargo, las EPS o las entidades territoriales están obligadas a inscribir al niño como beneficiario transitorio de un afiliado activo, máximo por dos meses, pues, una vez corregido el error, debe convertirse en un beneficiario permanente.

Los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional. Por esa razón, merecen una atención preferente en el acceso al sistema de salud, recordó la corporación.

Hábeas data

El alto tribunal reiteró que cuando existe inexactitud en la información incluida en las bases de datos, el derecho al hábeas data puede resultar vulnerado.

Según el fallo, la negativa de la atención en salud por el desconocimiento de los principios de administración de dichas bases no es constitucionalmente válida. Si la EPS no reporta información veraz, la Superintendencia de Salud puede sancionarla, ya que el manejo de las bases de datos del sector salud incide directamente en la prestación del servicio, advirtió.

(Corte Constitucional, Sentencia T-813, M. P. Luis Ernesto Vargas, oct.28/11) ámbito jurídico 

2. Los empleadores pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesantía para los mismos fines.

3. Los préstamos, anticipos y pagos a que se refieren los numerales anteriores, deben ser aprobados por el respectivo inspector del trabajo, o, en su defecto, por el alcalde municipal, previa demostración de que van a ser dedicados a los fines indicados en dichos numerales.

4. Los empleadores podrán realizar planes de vivienda, directamente o contratándolos con entidades oficiales, semioficiales o privadas, en beneficio de sus trabajadores, financiados en todo o en parte, con préstamos o anticipos sobre el auxilio de cesantía de los trabajadores beneficiados. En este caso, se requerirá el consentimiento de éstos y la aprobación previa del Ministerio del Trabajo.

5. Los trabajadores podrán, igualmente, exigir el pago parcial de sus auxilios de cesantía para realizar planes de vivienda que deberán ser contratados con entidades oficiales, semioficiales o privadas, previa aprobación del Ministerio del Trabajo.

6. Aprobado el plan general de vivienda a que se refieren los numerales 4 y 5 de este artículo, no se requerirá nueva autorización para cada préstamo pago o liquidación parciales".

De las normas trascritas se desprende la prohibición general de cancelar el valor del Auxilio de Cesantías en momento diferente al de la terminación del contrato de trabajo; no obstante, faculta al empleador a liquidar y cancelar parcialmente el valor de dicho auxilio, para "... el pago parcial de su auxilio de cesantía para la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda, siempre que dicho pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos", sin que dispusiera nada respecto del pago parcial para estudios.

Al parecer existe confusión respecto de la autorización de que trata el artículo 102 de la Ley 50 de 1990, que determinó el Régimen Especial de Cesantías, que permitió efectuar retiros parciales, "... Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva", por lo que se aclara que, para el régimen tradicional de cesantías, no se autorizaron pagos parciales destinados a educación, sino los dirigidos únicamente para adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador.

Por lo anterior, los trabajadores que se encuentran en el régimen especial de cesantías, sólo podrán solicitar retiros parciales de los valores que por auxilio de cesantía, se encuentren consignados en la respectiva administradora de fondos de cesantías.

"El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso." (T- 078 de 1998).

"La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo.

El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela".

(T- 280 de 1998).

De lo anterior se desprende que el por debido proceso se entiende el conjunto de garantías mínimas que le asisten a quien es llamado a juicio, a ejercer su derecho de defensa, comparecer acompañado de una persona que garantice su derecho a una defensa técnica y que durante el procedimiento, se guarden las etapas procesales dispuestas.

Así las cosas, al fijar la convención colectiva de trabajo, las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, sí en ejercicio de la negociación de éstas, las partes acordaron unos beneficios superiores a los legales, dichos beneficios se incorporaron en los contratos de trabajo, razón por la cual, de llegar a ser más favorables éstos para los trabajadores, habrán de preferirse y son ley para las partes. A contrario sensu, si por alguna razón resultare que alguna cláusula convencional, está por debajo de los mínimos establecidos en el CST, se tendrán por no escritos, habida cuenta que los derechos plasmados en la normatividad laboral, son irrenunciables para el trabajador

2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir v conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del salario. (Subrayas fuera del texto original).

3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%)".

Así las cosas, la parte destinada a manutención y alojamiento, cuando los viáticos sean permanentes, deberán ser tenidas en cuenta, para calcular el valor del salario base para efecto del cálculo de las prestaciones sociales y las vacaciones del trabajador. Al ser éstos pagados en especie, tal como lo menciona la norma, deberán ser valorados en una suma líquida de dinero, bien por acuerdo interpartes, bien con la ayuda de un perito avaluador.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), estos podrán continuar hasta su culminación con las normas vigentes al momento de la apertura o ajustarse a las nuevas directrices, mediante adendas.

Así lo precisó la entidad, en un comunicado que explica los principales cambios de la nueva normativa, que derogó 27 decretos reglamentarios expedidos desde 1994.

El Decreto 734 no solo compiló la reglamentación existente, sino que reguló disposiciones sobre el tema previstas en la Ley 1450 del 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción) (3) y el Decreto-Ley 19 del 2012 (Decreto Antitrámites), entre otros actos.

Así mismo, recogió interpretaciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre contratación pública, agregó el DNP. El Gobierno también destacó el sistema de numeración del articulado, que facilitará su actualización, “acorde a las realidades cambiantes del mercado, sin traumatismos para la ciudadanía y entidades públicas”. Ámbito jurídico 

Para Pardo no sólo se puede hablar de empresas grandes que exportarán productos naturales, no renovables o renovables de empresas mineras, sino de manufacturas que hacen en muchos casos pequeñas y medianas empresas. Hay posibilidad para las pequeñas empresas también. Y todo lo anterior va de la mano con la generación de empleo.

Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el TLC traerá beneficios económicos y sociales para el país. Agregó que esto significará una caída de un punto en la tasa de desocupación y de dos puntos en la tasa de informalidad. Para el primer mandatario se podrían generar unos 500.000 empleos. Actualícese. 

Porque constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin barreras para el comercio y la inversión y de esta forma garantizar el acceso de los productos y servicios del país a los mercados externos. Al ser aprovechado por los empresarios nacionales, permite que la economía del país crezca, aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y, adicionalmente, se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros

¿Por cuánto tiempo permanecen vigentes los tratados de libre comercio?

En general, los tratados de libre comercio no están sometidos a término. Es decir, permanecen vigentes hasta que una de las partes proponga a la otra su renegociación o terminación. Esto se realiza mediante un procedimiento regulado por el mismo tratado y por el Derecho Internacional, que se conoce como “denuncia” del tratado.

El crecimiento de una organización no va ligado con la cantidad de horas que los trabajadores están en la oficina o sentados frente a un computador, sino que tiene directa relación con la productividad de las mismas”.

El temor a perder el trabajo va de la mano con la baja que ha experimentado el ausentismo laboral, porque en tiempos de crisis todo puede ser usado en contra del trabajador, los empleados entonces lo piensan dos veces antes de presentar una incapacidad por enfermedad para no ir a trabajar.

Beneficios para los empleados. A nivel social es importante que los trabajadores tengan beneficios por parte de las empresas, porque si no hay tiempo ni energía para construir familia, la situación trae rupturas, habría un fracaso escolar, adicción a la droga, etc.

Ahora, desde el punto de vista empresarial también hay un costo enorme cuando no hay horarios flexibles, hay que atraer y fidelizar el talento, desarrollar el capital humano de la empresa.

Como empleador se debe tener en cuenta que los trabajadores son personas completas, tienen responsabilidades familiares y sociales. Cuando por culpa del trabajo no pueden cumplir con éstas, tampoco darán el máximo dentro de la propia empresa. Actualícese.com 

Por sentido común, diríamos que cada empleador es responsable único de sus propios trabajadores y en caso que una empresa contrate a un contratista, quien a su vez tiene trabajadores, se afirma que el contratista es responsable como empleador de sus propios trabajadores. Pero la realidad y la ley puede ser otra.

Solidaridad entre contratista y contratante/beneficiario frente a los trabajadores del contratista: regla general

Cuando el objeto social del contratante/beneficiario es igual o similar al del contratista y este le presta un servicio igual o similar al primero, nace una solidaridad en caso que el contratista incumpla a sus trabajadores alguna obligación laboral o de seguridad social.

Veamos tres ejemplos:

Un ingenio azucarero contrata a un contratista para que corte y procese la caña que tiene en sus predios. Este contratista a su vez tiene sus trabajadores y les incumple frente a obligaciones laborales y de seguridad social.

Una empresa de bebidas gaseosas contrata a un contratista para que con su personal se encarguen de hacer el proceso de limpieza de botellas en las instalaciones de la empresa de bebidas.

Una firma de revisoría fiscal contrata por prestación de servicios a un contador para que le ayude en una revisoría, a su vez, dicho contador/contratista tiene una auxiliar contable. En caso que el contador/contratista le incumpla en salarios y seguridad social a su trabajadora, ella podría demandar y vincular por solidaridad a la firma de revisores.

Como observamos los tres ejemplos, los objetos sociales del contratante/beneficiario y el contratista son similares o son parte del proceso del primero (actividades habituales, propias), de tal manera que en caso que el contratista le incumpla a sus trabajadores en el pago de salarios o seguridad social y los perjuicios que esto cause, dichos trabajadores del contratista no sólo podrán perseguir judicialmente a su empleador que es el contratista, sino también al contratante/beneficiario bajo el principio de la solidaridad; también podríamos estar frente a una intermediación laboral, prohibida y severamente castigada en Colombia.

Código Sustantivo del Trabajo

“Art. 34. Contratistas independientes.

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.” (Subrayado nuestro)

Los pactos entre contratante y contratista no rompe solidaridad

El hecho que en el contrato de prestación de servicios haya establecido que no será responsable el contratante/beneficiario de las obligaciones laborales que tenga el contratista con sus trabajadores, dicha cláusula es inoponible al trabajador que demande y vincule al contratante/beneficiario por lo que antes explicamos y además porque la solidaridad la establece la misma ley (Art. 34 C.S.T.). Actualícese.

Otra cosa es que el contratante/beneficiario puede repetir lo que le haya tocado pagar al contratista. Actualícese.

Es una compleja red de efectos de las anteriores causas, que tiene consecuencias médicas, jurídicas, sociales y económicas de diversa índole.

En muchos casos, adicional al haber pagado durante determinado tiempo dicho Arrendamiento Comercial, deberá pagar un valor adicional para la Opción de Compra.

Durante todo el tiempo que se tiene el Bien en Leasing, ¿éste a quien pertenece?

A la Entidad Financiera. Lo que tiene el usuario del Leasing es simplemente el Uso y el Goce, pero no la propiedad. Esto será durante todos los años que dure el Arrendamiento Comercial y sólo pasará a ser del usuario si al final del plazo fijado para el Arrendamiento, el usuario hace la Opción de Compra.

¿Cómo es la Opción de Compra?

Como ya se mencionó, al final del plazo fijado en el Arrendamiento Comercial –Leasing-, el usuario podrá tomar la Opción de Compra, en el que se presentan dos opciones:

La Primera se dá cuando el usuario cumple con todos los cánones de arrendamiento comercial dentro de las fechas de pago, durante todos los años que se pactó el Leasing. Si se logra cumplir esta condición, al final podrá hacer la Opción de Compra pagando un valor adicional que se ha fijado desde el mismo momento que se pactó el Leasing.

La Segunda (que se dá en pocos casos con las Entidades Financieras), con el sólo hecho de cumplir con todos los cánones de arrendamiento comercial durante el periodo fijado del alquiler y dentro de las fechas de pago, el bien alquilado al final, se le traspasará la propiedad. Internet. 

Según el ministro, “Colombia hoy puede decir, sin lugar a equivocarse, que ha cumplido con los compromisos adquiridos en dicho documento, sin significar que la tarea haya culminado".

Pardo aseguró que entre los años 2001 y 2011, los homicidios en contra de sindicalistas disminuyeron en un 82 %. Además, afirmó que el plan de acción ha permitido optimizar la inspección laboral y combatir y sancionar el uso abusivo de las cooperativas de trabajo asociado.

Mientras que en el  2002 solo se profirieron  dos sentencias condenatorias en casos de violencia contra sindicalistas, a la fecha, se han producido 452 sentencias, con 592 personas condenadas, agregó.

Así mismo, afirmó que de los 289 inspectores de trabajo con los que contaba el ministerio en el 2009, se pasó a 524. Es decir, hubo un aumento del 45 %. Ámbito jurídico 

• Lograr eliminar todos los pagos de aranceles a la importación de productos entre sí y de eliminar toda medida que impida o dificulte el ingreso de productos al territorio de ambos países.

• Establecer disposiciones legales que regulen todas las áreas relacionadas con el comercio.

• Garantizar los derechos de toda persona o empresa de ambos países, cuando deciden invertir en el otro país.

• Establecer disposiciones que regulen el comercio de los servicios entre nacionales de ambos países. ,

• Asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que han sido negociados, estableciendo un mecanismo que en una forma rápida solucione cualquier problema que surja en el comercio de productos, servicios o aquellos relacionados con las inversiones.

Todas las ventajas que dos o más países se dan en un TLC, únicamente se dan entre ellos y no se dan a los demás países de¡ mundo que no han negociado ese TLC

La negociación de un TLC requiere tiempo de estudio para conocer todas las leyes y prácticas comerciales del país con el que se negocia, consultas con los diferentes sectores nacionales dedicados a la producción y con otros sectores importantes, como por ejemplo asociaciones de profesionales que se relacionan con la prestación de servicios. Asimismo, exige que se realicen reuniones en cada uno de los países para lograr lo más rápidamente posible, un TLC que de beneficios a los países que lo negocian.

Un TLC constituye un acuerdo integral, que incluye temas clave de la relación económica entre las partes. En el caso de¡ acceso al mercado de bienes, aborda aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, salvaguardias, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y mecanismos de defensa comercial.

El TLC incorpora también asuntos relativos al comercio de servicios (telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, software, entre otros), al comercio electrónico y las compras gubernamentales, la promoción y protección recíproca de inversiones y la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales y la aplicación de mecanismos de solución de controversias

Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de la obra por diez

(10) años, y para los acabados un (1) año.

Todo productor debe y medidas sanitarias o fitosanitarias.

Parágrafo.

asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado,

as! como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto

en reglamentos técnicos

También se destaca que se acaban los asteriscos y las frases de doble sentido y todo debe ser expreso y no puede haber condiciones secretas para los consumidores. De igual manera, el usuario puede deshacer el negocio si no le conviene. No hay lugar a que los consumidores se beneficien más de la cuenta, ya que establece un plazo máximo de cinco días y el usuario debe devolver el producto tal cual se lo dieron.

Las anteriores son algunas novedades que trae La Ley 1480 de 2011 sancionada por el presidente Santos y que ya está rigiendo.

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene como objetivo principal lograr que Colombia sea uno de los países a nivel mundial cuya legislación protege con firmeza a los consumidores.

Quienes incumplan podrían tener una sanción económica hasta de 1.000 millones de pesos, cuando el monto tope vigente antes era de 50 millones. También se puede ordenar el cierre del establecimiento de comercio. El organismo también puede prohibir, temporal o definitivamente, la producción o venta de un producto. Actualícese. 

Cuando una persona muere sin dejar testamento se dice que ha fallecido abintestato o intestada. Si bien generalmente el testamento es un acto jurídico en el que se hace una disposición de bienes, hay que reconocer que existen declaraciones de voluntad que no consisten en ello y que pueden ser materia de un testamento (vgr. reconocimiento de un hijo).

El testador es la persona que hace testamento. Puede testar quien tiene capacidad de obrar y la ley no se lo prohíbe expresamente. Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo lúcido, designará el notario a médicos que previamente le reconozcan, y no lo otorgará sino cuando éstos respondan de su capacidad, debiendo dar fe de su dictamen en el testamento, que suscribirán los facultativos además de los testigos.

DE LA REFORMA DEL TESTAMENTO

ARTICULO 1274. <ACCION DE REFORMA>. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios.

Si el legitimario a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración.

Hoy, bajo el gobierno de la Constitución de 1991, cuando domina un régimen de mercado libre y privatizado y el esquema de protección al consumidor ha sido fortalecido, entra a regir un nuevo Estatuto del Consumidor, aprobado por la Ley 1480 del 2011.  

Tres décadas en las que el consumo cambió: más mercado, más competencia empresarial, publicidad más agresiva, más formas de comprar productos y servicios y una ciudadanía más informada y más exigente de sus derechos.

Los grandes ejes temáticos de esta normativa son los derechos de los consumidores, los deberes de los productores, las garantías sobre bienes y servicios, la responsabilidad por productos defectuosos, la protección contractual, las acciones judiciales disponibles para el consumidor y las autoridades competentes para resolver los conflictos ocasionados por el consumo.

Muchas de estas novedades legales son recopilaciones y planteamientos jurídicos desarrollados en las últimas décadas por la jurisprudencia de las altas cortes, conceptos de las superintendencias y decretos expedidos por el Gobierno. Ámbito jurídico 

Adicionalmente, existen sociedades creadas con capitales provenientes de paraísos fiscales y que consiguen elevados préstamos en el exterior.

En la capital colombiana, con la Ley 1429 o de Primer Empleo y Formalización, se crearon 52.000 SAS durante el año pasado. Para el director de la DIAN, hay empresas que dicen generar puestos de trabajo y activos como algo novedoso para no pagar impuestos, como renta.

“Solamente 5.000 de esas sociedades tienen personas que estaban haciendo cosas nuevas de verdad. La sensación de estas investigaciones es que todas las otras dicen mentiras para no pagar impuestos”, dice Ortega.

La modalidad utilizada

Resulta que al crear una SAS se le pasan los activos y los empleados. Ortega expone un ejemplo: “si usted se convierte en SAS, póngase una remuneración de dos salarios mínimos y ya no tienen que hacerse retenciones. Se mete todo como activos y el contador depura todo para no pagar impuestos. Asimismo, se quita la solidaridad pensional y la salud”. Quiere decir entonces que quien aportaba a salud, pasa a recibirla.

“Si hubiera un régimen jurídico serio, yo le reconfiguro ese sueldo de dos salarios mínimos y es lo que vamos a hacer. Eso no coincide con el colegio del hijo de $2 millones, con las empleadas, el conductor y la cuota de administración de un edificio”, aseguró Ortega. Sin embargo, dice que en ocasiones las personas no dimensionan que existe un complejo marco jurídico. “Eso es ilegal y se puede sancionar, pero es difícil porque requiere investigaciones”, actualícese. 

2°- Es un contrato Consensual; para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes, y no se requiere solemnidad alguna. No obstante lo anterior, para fines probatorios, la mayoría de los contratos se hacen constar por escrito y en el caso de leasing inmobiliario, no es extraño que, además, se eleve a escritura pública.

No obstante, el artículo 4 del Decreto 1787 del 3 de junio de 2004 señala que los contratos de leasing habitacional destinado a vivienda familiar deben celebrarse por escrito.

3°- Es Oneroso; ambos contratantes persiguen con su celebración un beneficio económico, gravándose cada uno en beneficio del otro.

4°- Es Conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del contrato pueden ser determinadas desde el mismo momento de celebración del contrato.

5°- Es de tracto sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato. Las obligaciones de las partes se cumplen a cada instante, periódico y continuamente.

6°- Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre comerciantes y sobre bienes susceptibles de producir renta. Inclusive, si el locatario es una persona natural no comerciante, la compañía de leasing como arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace incuestionable el que el contrato se rija por las disposiciones de la ley mercantil.

7º- Es principal; subsiste por sí solo sin necesidad de otro contrato

Es un contrato solemne a través de Escritura Pública

se perfecciona: Escritura Pública y registro en el folio de matricula inmobiliaria

Para Constituir la Hipoteca: El deudor debe tener la disponibilidad del bien que sea propietario. No sobre bien ajeno

Hipoteca: sobre derecho real de servidumbre

Plazo de una servidumbre: Término de la vida del usufructuario

Hipoteca: Puede garantizar obligación ajena, compromete solo el inmueble

Cto de Fianza Hipotecaria: Se obligo personalmente compromete su patrimonio fuera del inmueble hipotecado

Hipoteca: se puede suscribir o constituir hipoteca en cualquier parte incluso en el extranjero y registrada en el sitio donde se encuentra el inmueble.

Si sobra se le devuelve.

Es un derecho Real. accesorio a una obligación se requiere de una obligación.

Cláusula penal. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse.

Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella.

Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte.

Así las cosas, si el contrato tiene un valor de $10.000.000, la cláusula penal o de incumplimiento, no podrás ser superior a $10.000.000, limitación legal que pocas veces se tienen en cuenta a la hora de acordar las condiciones de un contrato

La clausula penal está contemplada por el artículo 1592 del código civil:

La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal

Si este requisito no se cumple, la sanción se considera ineficaz, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado, al anular parcialmente una sanción disciplinaria impuesta a un policía, por falta de notificación.

La corporación recordó que la notificación de las sanciones es una manifestación fundamental del debido proceso. Por lo tanto, su desconocimiento debe ser corregido judicialmente. Ámbito jurídico 

Veamos primero la norma que genera para algunos, la confusión.

Código Sustantivo del Trabajo

Art. 46. Contrato a Término Fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. […]”

¿Las tres primeras prórrogas pueden ser por términos superiores?

Observemos el numeral 2. “…únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores…”.

Si bien la norma nos está diciendo que las tres primeras prórrogas serán por términos iguales o inferiores, no es impedimento para que alguna de esas tres primeras prórrogas sea por términos superiores.

Nunca podemos olvidar, que el Código Laboral establece derechos mínimos para el trabajador, los demás derechos que superen los mínimos impuestos por la Ley, serán por acuerdos contractuales o convencionales.

Teniendo claro lo anterior, es totalmente viable que una de las tres primeras prórrogas de un contrato a término fijo, contrato por escrito, se prorrogue de mutuo acuerdo por un término superior al anterior, pues eso significa mayor estabilidad para el trabajador. Lo importante es que la cuarta prórroga siempre será a un año y subsiguientes.

Veamos un ejemplo:

Nota: Si al vencimiento del periodo inicial o alguna de las dos primeras prórrogas no hay el preaviso mínimo de 30 días por parte del empleador, el contrato se prorrogaría por el mismo término del que está terminando. En caso de suceder dicho silencio durante la tercera prórroga, como ya lo mencionamos, la cuarta prórroga y subsiguientes serán por periodos de un año.

Recuerde: Un contrato fijo podrá prorrogarse muchísimas veces ya que siempre será a término fijo. La única manera que un contrato de trabajo cambie de fijo a indefinido o viceversa, es que el trabajador de su consentimiento por escrito. “Prorrogar 100 veces un Contrato a Término Fijo nunca lo convierte en un Contrato a Término Indefinido”. Actualicese.

La Corte Constitucional recordó que ese tiempo se debe tener en cuenta para obtener derechos pensionales, bien sea en el Sistema General de Seguridad Social o en el régimen especial de las Fuerzas Militares.

Con estos argumentos, el alto tribunal tuteló los derechos a la seguridad social y a la igualdad de la madre de un soldado profesional que solicitó la pensión de sobrevivientes. Según el fallo, este mandato ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Ámbito jurídico 

2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión.

Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad privada.

Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes de propiedad del Estado.

Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su ley especial; y, en lo que en ella no se halle previsto, por las disposiciones generales que sobre la propiedad particular se establecen en este Código.

Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes patrimoniales.

Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o provincias.
Todos los demás bienes que unos y otros posean, son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.

Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares, individual o colectivamente.

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.

Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.
Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.

El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía.

El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare.

Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor.

Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado.

La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente.

INCORPORALES: son aquellos que no tiene un bien real y por tanto, no pueden ser percibidos por los sentidos externos; es decir, únicamente tiene identidad intelectual y consisten en “meros derechos”. Ejemplo: los créditos, los derechos de autor, etc.

Hay adquisición por accesión cuando alguna cosa accesoria esta unida a una cosa principal una vez operada, allí la accesoria pierde existencia

Una obligación, que recae sobre bienes raíces o inmuebles, por el cual se concede al acreedor hipotecario un poder directo o inmediato sobre l bien hipotecado, el cual continua bajo el poder del deudor hipotecario. Esta deberá otorgarse por escritura pública.

• continuas: son las servidumbres que se ejercen o pueden ejercerse continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre.

• Discontinuas: son las cuales se ejercen en intervalos mas o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre.

• Positivas: son aquellas que solo imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer.

• Negativas: son las que imponen en al uño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre le seria licito.

• Aparentes: son las servidumbres que están continuamente a la vista.

• Inaparentes: aquellas que por consistir en hechos y actividades ocultas, no se conocen por la señal exterior.

• Naturales: las cuales proviene de la situación misma de los predios, es decir, que nacen de la natural situación de los lugares sin que intervenga la voluntad humana o de la ley para su imposición.

• Legales: servidumbres impuestas por la ley en beneficio de un predio y a cargo de otro, sin que el propietario del predio sirviente pueda oponerse.

• Voluntarias; aquellas que se originan en una relación contractual entre las partes, es decir, por un hecho voluntario del hombre, en cuanto no fuere contra la ley o el orden publico

“Articulo 14. Marcas, Leyendas Y Propagandas. Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.”

El nuevo Estatuto de Protección al Consumidor que entra a regir a partir del 12 de abril de 2012, dice:

Ley 1480 de 2011.”Art. 5, numeral 13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.”

“Artículo 30. Prohibiciones y responsabilidad. Está prohibida la publicidad engañosa.

El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave.”

“Artículo 33. Promociones y ofertas. Los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realice y estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley.

Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción y oferta, deberán ser informadas al consumidor en la publicidad. Actualícese 

Para la entidad, restringir la aplicación de ese concepto a que los niños o adolescentes hayan sido desvinculados del grupo armado ilegal siendo menores de edad no es razonable en términos constitucionales.

Al cumplir la mayoría de edad, los menores que son víctimas de reclutamiento forzado no pueden desligarse de manera voluntaria, dada la crueldad de estos grupos con sus desertores.

“Vincularse como desvincularse de uno de tales grupos, en pocos casos es algo que dependa solo de la voluntad del niño, la niña o el adolescente”, explicó la entidad.

Así las cosas, para la Procuraduría, quienes hayan sido sujetos pasivos del delito de reclutamiento forzado deben ser considerados víctimas del conflicto armado interno por violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos exigidos en la ley. Ámbito jurídico 

-ACCIONES CONCERNIENTES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. Para solicitar la nulidad, rectificación, cancelación.
ACCIONES POSESORIAS DEL ESTADO CIVIL: para mantenerlo o rectificarlo, recuperar el perdido. ( nacimiento, reconocimiento, tutela, adopción, divorcio, ausencia

El Estatuto del Futbolista Colombiano expresa en su art. 4 “se considera jugador aficionado a aquel que sólo percibe beneficios de formación o educación tales como alimentación, habitación, prendas y artículos deportivos para su uso personal, transporte a sus lugares de entrenamiento, gastos médicos y quirúrgicos, medicamentos para su consumo, gastos de capacitación o competencia, costos de viaje y alojamiento con ocasión de un partido”. Y el art. 3 señala que el Futbolista Profesional “es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a dos (2) salarios mínimos”.

Cabe aclarar que de acuerdo con la normativa vigente explicada, no importa si el futbolista es menor de edad o no, lo único que importa es que haya un contrato de por medio vigente que ate al deportista a un club, para que se configure el concepto “los derechos deportivos surgen de un vínculo laboral”.

Por esa razón, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, anunció la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la equidad de género laboral, con base en la Ley de Igualdad Salarial (Ley 1496 del 2011) y la Ley 1257 del 2008, que busca erradicar la violencia contra la mujer.

Pardo ordenó la creación de un grupo especial de inspectores de trabajo, con el fin de que las políticas que implemente la entidad tengan un componente de género, para lograr el acceso de la mujer al mercado laboral, la igualdad de oportunidades, la equidad salarial y la protección de los derechos laborales.

Además, destacó la creación del sello “Compromiso Social con la Mujer”, que tiene como fin promover la implementación de herramientas para garantizar los derechos de las mujeres.

Por otro lado, el ministerio reglamentó el artículo 23 de la Ley 1257, que favorece a los empleadores que contraten trabajadoras víctimas de la violencia con la deducción del impuesto de renta en un 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el periodo gravable. Ámbito jurídico 

Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de representación.

El derecho de representación se da de descendientes hacia ascendientes y no opera de ascendientes hacia descendientes:

Abuelo (fallece el 20/02/2007)

Padre (fallece el 10/05/2006)

Hijo (ante el fallecimiento del padre tiene derecho a heredar al abuelo por derecho de representación)

Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.

Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto.

1o.) El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.

2o.) El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.

3o.) El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.

4o.) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.

5o.)  El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.

Es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiere denunciado a la justicia, dentro del mes siguiente al día en que tuvo conocimiento del delito, el homicidio de su causante, a menos que se hubiere iniciado antes la investigación. Esta indignidad no podrá alegarse cuando el heredero o legatario sea cónyuge, ascendiente o descendiente de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o haya entre ellos vínculos del consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad o de parentesco civil hasta el segundo grado, inclusive.

Las causas de indignidad mencionadas no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos del tiempo de testar ni después.

A los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para completar los diez años.

4.- La Vocación Hereditaria es el hecho concreto por el que una persona es llamada a recibir bienes de una determinada sucesión. Puede ser:

• Abintestato

• Testamentaria

La vocación depende de la relación jurídica que se predica entre causante y causahabiente, que se predica por los vínculos de parentesco: consanguinidad, matrimonio (afinidad) o civil.

La vocación testamentaria o hereditaria depende de la voluntad del testador, quien a través del acto jurídico testamentario puede asignar sus bienes, no solo a quienes ostentan una relación jurídica sino también a terceros.

Se advierte como la calidad que puede predicarse de un sujeto que actúa con rectitud atado a la moral y buenas costumbres y se establece como actuar con decoro social.

Lo opuesto es la Indignidad (art. 1025) se prevé como una sanción civil aplicable al heredero que ha faltado a la moral y a las buenas costumbres y ha ido en detrimento o desmedro del causante, sus herederos, cónyuge o en contra de sus bienes.

Las causales de indignidad son taxativas.

Cualquier asignación que se aceptada o con sujeción, no será valida. Ej: Compromiso de dar o hacer algo a cambio de ser incluido en el testamento.

Las causales de indignidad deben ser declaradas judicialmente para que procedan, a través de sentencia ejecutoriada. Si no existe sentencia judicial, y el heredero se encuentra inmerso en una de las causales, éste podrá ejercer tanto la posesión legal como la efectiva de la herencia.

Si la declaración de indignidad se da de forma posterior, el poseedor deberá restituir los bienes con sus frutos.

Cuando una empresa quiere despedir un empleado sin que exista una justa causa para ello, hace lo necesario para “convencer” a empleado de que renuncie, y en algunos casos de forma más expresa, lo obliga a renunciar.

El obligar a un trabajador a renunciar, de probarse constituye un despido indirecto, y naturalmente injustificado, lo que obliga a la empresa a pagar la respectiva indemnización por despido injustificado.

Sobre el respecto hay abundante jurisprudencia tanto de la Corte constitucional como de la Corte suprema de justicia.

Precisamente, la Corte suprema de justicia, sala de casación laboral, en sentencia del día 30 de julio de 2003, expediente 20517, expuso lo siguiente:

No cabe entonces la equivocación endilgada por cuanto la existencia del despido injusto no fue punto que desarrollara el Tribunal dentro de sus consideraciones, pues, dando por sentada la existencia del despido indirecto y entendiendo que éste genera idénticas consecuencias que un despido injustificado, analizó la existencia del derecho a percibir la pensión sanción por parte del ex-empleado.

En este orden de ideas, aún omitiéndose los insalvables errores enunciados el cargo no debe prosperar, por cuanto la censura olvida los reconocidos efectos que la ley ha otorgado y que el desarrollo jurisprudencial ha reconocido al despido injusto y a la renuncia provocada; pues en dicho caso, al contrario de lo que expone la impugnante, no existe una decisión libre del empleado tendiente a finalizar la relación laboral sino, una presión por parte del empleador que obliga a aquél a tomar dicha determinación; en consecuencia, al haberse establecido la existencia del despido indirecto, cuestión sobre la cual no cabe discusión alguna, y entendiéndose que con éste se causan los mismos efectos que con el despido injustificado, asiste al exempleado el derecho de recibir la pensión sanción por cumplirse los requisitos que estableció el artículo 8 de la ley 171 de 1961, vigente al momento del rompimiento del vínculo laboral.

Los empleadores pueden recurrir a un sin número de estrategias para obligar al trabajador a pasar su carta de renuncia, desde acoso laboral, hasta desmejoramiento de las condiciones de trabajo, como salario, horarios de trabajo, etc.

No sobra aclarar que el despido indirecto injustificado debe ser reconocido o calificado por el juez laboral, por lo que necesariamente se requiere de una reclamación judicial

La única posibilidad de utilizar el contrato de prestación de servicios es que se deban atender funciones ocasionales que no puedan ejecutarse con el personal de planta o requieran conocimientos especializados, aclaró el ente de control.

Esa limitación legal, afirmó, es una medida de protección que impide el ocultamiento de las verdaderas relaciones laborales y la desnaturalización de la contratación estatal.

Para la estructuración de los presupuestos del 2013, la Contraloría les recomendó a las entidades públicasajustar sus gastos de funcionamiento a las necesidades reales y realizar los trámites tendientes a la creación de los cargos para el desarrollo de funciones permanentes.

Con ese fin, podrán aplicar el artículo 255 de la Ley 1450 del 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014), que les permite superar los topes de incremento de los gastos de funcionamiento previstos en la Ley 617 del 2000 (ajuste fiscal) por dos años, con la respectiva justificación.

La función de advertencia complementa una circular conjunta del 2011, en la que la Contraloría y la Auditoría General de la República exhortaron a las entidades públicas del orden nacional y territorial a dar estricto cumplimiento a la Sentencia C-614 del 2009 de la Corte Constitucional.

La Contraloría ejercerá un control posterior sobre las acciones que realicen las entidades para acatar las disposiciones citadas, concluye la directriz. Ámbito jurídico 

Se entiende por "Tercer Estado" un Estado que no es parte en el tratado

En el Articulo 189 Corresponde al Presidente de la República decir como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al congreso.”

Deudas Generales: Nacen por incumplimiento de obligaciones, como un crédito en un banco, una letra de cambio o un cheque sin fondos o por un daño, un pagaré.

El Juez puede ordenar el embargo del salario hasta la quinta (1/5) parte de lo que exceda el s.m.m.l.v.

Deudas de alimentos o cooperativas: Aquellas que se generan por incumplir la obligación legal con quien se deba alimentos, como es con los hijos menores, cónyuge o compañero permanente y con los padres en algunos casos (inasistencia alimentaria).

También cuando se incumplen obligaciones adquiridas con cooperativas como puede ser por préstamos o aportes de sostenimiento.

En estos casos, el monto a embargar del salario será hasta el 50% de todo su salario, incluyendo el monto correspondiente al s.m.m.l.v.

Como se trata de un recurso parafiscal, se sostenía que los aportes a la seguridad social no prescribían. Sin embargo, en oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, la entidad indicó que la oportunidad para exigir el pago de estos aportes se circunscribe al término de prescripción señalado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, es decir, cinco años. Ámbito jurídico 

1.5. Derecho a la reclamación : Reclamar directamente ante el productor, proveedor o
prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, asf
como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los
términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante
representante o apoderado.
1.6. Protección contractual: Ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de
adhesión, en los términos de la presente ley.
1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los
consumidores,
1.8. Derecho a la participación: Organizarse y asociarse para proteger sus derechos e
intereses, elegir a sus representantes, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones
públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que íes conciernen, así como a
obtener respuesta a sus peticiones.
1.9. Derecho de representación: Los consumidores tienen derecho a hacerse representar,
para la solución de las reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios, y las
contravenciones a la presente ley, por sus organizaciones, o los voceros autorizados por ellas.
1.10. Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas
tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y educar sobre el '
ejercicio de los derechos de los consumidores.
1.11 1. Derecho a la educación: Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación sobre los
derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos y demás materias
relacionadas.
1.12. Derecho a la igualdad: Ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria.
2. Deberes.
2.2. Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que
suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación
e instalación.
2,2, Obrar de buenafe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades
públicas.
2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos,

“Jueves y viernes son festivos, domingo de por sí lo es, el sábado muchos no trabajan y en algunos casos lunes, martes y miércoles también se descansa”. Semana Santa es un periodo que puede conllevar a confundir el pago de salarios cuando se trabajan o por el contrario se descansan.

Por ejemplo, ¿qué pasa si se debe laborar el jueves y viernes festivo? ¿Cómo se pagarían dichos días laborados?

¿Qué pasa si el lunes, miércoles y jueves la empresa decide concederlos? ¿Sería un adelanto de vacaciones o una licencia remunerada?  Auxilio de transporte en Semana Santa: si no se labora, no se paga

El auxilio de transporte es una ayuda obligatoria con algunos trabajadores para que no tengan que cubrir la totalidad de su movilización de la casa al trabajo y viceversa, con su salario. De tal manera que dicho auxilio, sólo se paga, si se labora.

Los días festivos de Semana Santa y los días lunes, martes y miércoles si el empleador los concede de descanso, serán días en qué tampoco existe obligación de pagar el auxilio de transporte.  15 días hábiles de vacaciones en Semana Santa (podrían ser de 20 o 25 días calendario)

El deseo de todos es tener unas vacaciones largas, de tal manera que si las va a solicitar en medio de la Semana Santa, sepa en qué momento solicitarlas para que sean lo más extensas posibles.

En este editorial explicamos hasta cuántos días de vacaciones se podrían disfrutar aprovechando los festivos de Semana Santa y los sábados, siendo o no, laborales en cada empresa.  Llega Semana Santa y varios días de descanso: ¿se afectan salarios, prestaciones y auxilios?

En muchas empresas se conceden los días lunes, martes y miércoles de descanso. ¿Qué pasa entonces con el pago de salario y algunas prestaciones durante esos días?, ¿Qué pasa con el salario y las prestaciones del jueves y viernes festivo? ¿Cómo se pagarían salario y prestaciones por esos dos días y el sábado si no se labora? Actualícese.  

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los terminos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
3. La educación del consumidor
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oir sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, deacuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia

(Ministerio de Salud, Concepto 28912, dic. 30/11)

El Ministerio de Salud recordó que estos trabajadores pueden mantener su afiliación al régimen contributivo o afiliarse al régimen subsidiado de salud y pagar la cotización al sistema de pensiones o ingresar al sistema de beneficios periódicos.

En todo caso, los beneficiarios de la norma deben estar inscritos en el registro de independientes de bajos ingresos con corte al 15 de noviembre del 2011. Ámbito jurídico 

Un expediente es el conjunto de los papeles y documentos que corresponden a un determinado asunto o negocio. También puede tratarse de la serie ordenada de actuaciones administrativas o judiciales.

Asimismo, el interdicto se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación que una persona sufra sobre su pacífica posesión. Esto es, cabe emplearlo en el caso de ruidos, olores, etc. que impidan a una persona disfrutar de la posesión de un bien. Esto hace que sea un proceso al que se recurre en ocasiones para obligar la paralización de obras cercanas o de otras actividades molestas (salas de fiestas, etc.) para el propietario de un inmueble.

En un interdicto, prima la agilidad y la resolución rápida sobre la cuestión jurídica de fondo. De esta manera, los fundamentos y alegatos de complejidad normal habrán de reservarse para el procedimiento declarativo que se celebrare después, y que esta vez, sí que tendrá un carácter definitivo y no provisional. Cabe destacar que un interdicto no puede tener jamás valor de cosa juzgada

Este consiste en la facultad que se les da a los funcionarios, para declarar la inaplicabilidad de la ley. Y por lo tanto este solo produce efectos ínter partes, es decir solo entre las personas involucradas en el caso.

La decisión de exequibilidad de las leyes y decretos acusados por cualquier ciudadano, en Colombia se da un Sistema concentrado antes que se cree en Europa:

• Se da la acción de exequibilidad de leyes y Decretos

• se crea la acción popular, en donde se le da cabida las demandas de inconstitucionalidad del las leyes y decretos por parte de todos los ciudadanos Colombianos.

• En todo caso de incompatibilidad de la ley y la constitución, se le dará prelación a la constitución como lo dictamina el artículo 4 de la misma.

• Hasta este momento existía un control concentrado pues el Control constitucional se encontraba en cabeza de la Corte Suprema de justicia.

Por otro lado mediante reformatorio de la Constitución en 1914 se crea la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conformada por el Consejo de Estado, el que se encarga a la vez de estudiar la constitucionalidad. En el año de 1991 el Sistema Colombiano de control de constitucionalidad vino a reformarse con la implementación de la nueva constitución en la cual, se crea la Corte Constitucional a la que se le da la función de guarda de la supremacía de la constitución y a su vez la revisión de la constitucionalidad de las leyes y sus actos equivalentes (Decretos l legislativos y decretos con rango de ley).

A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en función del consejo de Estado se le confina:

1) la revisión de legalidad de las leyes y actos administrativos diferentes a los decretos legislativos y decretos con rango de ley y a su vez se le da la revisión de la constitucionalidad de los actos administrativos que tengan menor rango que la ley. El sistema Colombiano es Difuso, concentrado y preventivo a u vez este sistema es un sistema medio concentrado pues la revisión de constitucionalidad de las normas se encuentra en 2 órganos

El referendo es uno de los mecanismos de participación semi-directa que introdujo la constitución de 1991

El referendo en relación con la constitución tiene 2 formas:

• Referendo constitucional aprobatorio (proyecto de norma en curso)

• Referendo constitucional derogatorio ( se deroga una norma existente en el ordenamiento)

Iniciativa del referendo aprobatorio: (Art. 155)

La iniciativa de la ley que convoca a referendo esta limitada a: el gobierno nacional, el 5% del censo electoral vigente. En el caso del gobierno la constitución no le permite hacer directamente la convocatoria, este debe someterse a decisión del Congreso.

Procedimiento

• la iniciativa de la ley de referendo es solo del gobierno y del 5 % del censo electoral.

• La ley para su aprobación requiere de la mayoría de los miembros de una y otra cámara, es decir mayoría absoluta. (solo necesita una vuelta en las cámaras, es decir 4 debates y 4 aprobaciones).

• Seguida de la aprobación se somete a sanción para su convocatoria.

• Previamente al pronunciamiento popular el Gobierno debe enviar la ley que convoca a referendo a la Corte Constitucional para que esta decida sobre su constitucionalidad solo por Vicios de procedimiento en su formación, es decir hay un control automático sobre la ley que convoca.

• Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de mas de la mitad de los sufragantes y que el numero de estos exceda el 4% del total del censo electoral vigente.

• El referendo será presentado al pueblo a través de la ley para que estos escojan que votan positivamente y que votan negativamente.

Características.

• iniciativa de la ley restringida al gobierno y al 5 % del censo electoral.

• La ley para su aprobación requiere de la mayoría de los miembros de una y otra cámara, es decir mayoría absoluta. (solo necesita una vuelta en las cámaras, es decir 4 debates y 4 aprobaciones).

• El congreso no puede modificar la iniciativa, solo puede desarrollar cláusulas o modificaciones accidentales, pero no puede incluir materias distintas a las formuladas por el gobierno o el 5% del censo electoral.

• Previamente al pronunciamiento popular y posteriormente a la sanción de la ley, el Gobierno debe enviar la ley que convoca a referendo a la Corte Constitucional para que esta decida sobre su constitucionalidad solo por Vicios de procedimiento en su formación, es decir hay un control automático sobre la ley que convoca.

• Dentro de la ley debe aparecer el texto que se pondrá en discusión en el referendo.

• El referendo debe tener Unidad de materia, y un referendo multitematico puede tener máximo 3 temas.

• Las preguntas no pueden tener elementos persuasivos, ni pueden ser de carácter plebiscitario.

• Cada disposición debe tener una casilla para voto afirmativo y para voto negativo.

• Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de mas de la mitad de los sufragantes y que el numero de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.

• El pueblo puede ejercer la acción de inconstitucionalidad del referendo por vicios de procedimiento, solo hasta un año después de la aprobación del referendo en votación popular.

Referendo Constitucional Derogatorio. (Art. 377)

Es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que este decida si la deroga o no. (Art. 4 L 134/94).

Características.

• la iniciativa del referendo constitucional derogatorio solo es del 5% del censo electoral vigente (como lo expresa el Art. 377 de CPC y el Art. 36 de L 134/94.

• Este referendo cumplirá con todos los requisitos de un referendo aprobatorio, como es la convocatoria por medio del congreso y la revisión por parte de la corte.

• Para su aprobación se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragantes y que el número de estos exceda el 4% del total del censo electoral vigente.

Referendo de Sanción. Es un tipo de referendo donde se le pregunta al pueblo si ratifica o no una norma jurídica establecida por el poder legislativo ordinario. (Es decir una norma hecha por el congreso).

El referendo según su materia puede ser:

• Obligatorio. Son los que la Constitución exige para la ratificación de una norma.

• Facultativo. Son aquellos que provienen de la voluntad de un órgano o de una entidad determinada

Es el acto reformatorio de la constitución emitido por el congreso.

¿Quiénes pueden presentar proyectos de acto legislativo?

• el Gobierno.

• 10 miembros del Congreso.

• 20% de los Concejales o Diputados. (este 20% solo es para los actos legislativos, ya que existe una norma especial en el Art. 375, el cual plantea que para actos legislativos se necesita este porcentaje, pero para otro tipo de reformas es necesario el 30%).

• el 5% del Censo Electoral vigente.

• El Consejo Nacional Electoral. (En materias de su competencia).

• El Consejo de Estado.

Características.

• Primero se plantea el proyecto de acto legislativo, por cualquiera de los que puedan tener dicha iniciativa.

• Se requiere su aprobación en 2 periodos ordinarios consecutivos. Pero no necesariamente dentro de una misma legislatura. En el Periodo Ordinario este debe ser aprobado por la mayoría de los asistentes (Mayoría Simple) de los miembros de ambas cámaras, es decir se necesita la cuarta parte más uno de los miembros de ambas cámaras. En el segundo periodo de sesiones, no pueden ser discutidas iniciativas que no hayan sido presentadas en el primero. La aprobación del acto legislativo será valida con los votos de la MAYORIA de los miembros de la cámara. Es decir con los votos positivos de la mitad más uno de los miembros de la cámara. (Mayoría Absoluta).

• Antes de la sanción del Acto legislativo, este debe ir a control automático de constitucionalidad, pero solo en cuanto a Vicios de Procedimiento.

En Conclusión. El acto legislativo necesita ser deliberado 2 veces, por tal es necesario 8 debate y 8 aprobaciones en las respectivas cámaras. En cada una de las cámaras entre vuelta y vuelta, el proyecto debe ser publicado por el Gobierno, con el fin del conocimiento público de dicho acto de reforma constitucional

No se debe confundir la imposibilidad de ir a trabajar por una incapacidad o licencia remunerada definida en la legislación laboral, con la suspensión de un contrato, según el art. 51 del Código Sustantivo del trabajo.

En el primer caso, los días de la incapacidad o licencia remunerada, NO se excluyen, en otras palabras, es como si los hubiera laborado para todos los efectos prestacionales (cesantías, primas y vacaciones).

Mientras que los días de suspensión, según el artículo 51 del C.S.T., son periodos que no se pagan salarios, ni prestaciones (Salvo la obligación de seguir cotizando a Salud y Pensión), por lo que dicho tiempo si se excluye para determinar las vacaciones.

Problemas al descontar el tiempo de incapacidades o licencias remuneradas para el pago de prestaciones sociales

Teniendo como ejemplo el caso de “María”, sólo después de estar ella 17 meses en la empresa de aseo, es cuando su empleador dice que ella ha completado apenas los 12 meses laborales y por ende le ha nacido el derecho a los 15 días hábiles remunerados por vacaciones.

Como observamos, la empresa está dejando de pagarle vacaciones por 5 meses.

Por lo que la trabajadora perfectamente puede no sólo puede renunciar con justa causa y cobrar indemnización por despido indirecto, pues es el empleador el que está incumpliendo con sus deberes legales, sino que además puede cobrar la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T., (Un día de salario por cada día de retraso) hasta cuando se verifique el pago de los 5 meses de vacaciones que la empresa unilateralmente e ilegalmente no quiso pagar. j/actualícese. 

A juicio de la Corte, las inconsistencias en el registro civil de nacimiento de un menor de edad no pueden impedir la prestación del servicio. En estos casos, el interesado debe solicitarle a la notaría o a la registraduría correspondiente la corrección de la información. Sin embargo, las EPS o las entidades territoriales están obligadas a inscribir al niño como beneficiario transitorio de un afiliado activo, máximo por dos meses, pues, una vez corregido el error, debe convertirse en un beneficiario permanente. Los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional. Por esa razón, merecen una atención preferente en el acceso al sistema de salud, recordó la corporación.

Hábeas data

El alto tribunal reiteró que cuando existe inexactitud en la información incluida en las bases de datos, el derecho al hábeas data puede resultar vulnerado. Según el fallo, la negativa de la atención en salud por el desconocimiento de los principios de administración de dichas bases no es constitucionalmente válida. Si la EPS no reporta información veraz, la Superintendencia de Salud puede sancionarla, ya que el manejo de las bases de datos del sector salud incide directamente en la prestación del servicio, advirtió. j/ámbito jurídico 

el capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan por un título negociable,El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado.

Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario.

La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario.

Este artículo supone una sanción ejemplar contra aquellos socios que utilicen la SAS para hacer fraude a la ley o para afectar intereses de terceros.

Autenticado



Durante la ceremonia de apertura del año judicial, el mandatario aseguró que esa iniciativa “promete revolucionar la profesión jurídica en Colombia, que tantas veces ha sido llamado un país de abogados”.

El proyecto incluirá los nuevos principios y deberes éticos de la profesión, los requisitos para ejercerla y las sanciones por infracciones a la ley, precisó.

Al recordar que en el Congreso se tramitan importantes proyectos sobre el funcionamiento del sistema judicial, como la reforma constitucional a la justicia, Santos sostuvo que el país atraviesa por uno de los momentos más importantes en esta materia.

El Presidente reiteró la necesidad de reformar la administración de justicia, para superar problemas como la congestión. Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, a diciembre del 2011, 2,6 millones de procesos estaban represados, agregó. j/ámbito jurídico 

Una vez elegido el administrador, es menester que él de su aceptación, bien mediante un documento separado aceptando el cargo o manifestando su aceptación suscribiendo la misma acta de la Asamblea o Consejo donde se hace el nombramiento.

Ahora, con lo anterior, ya existe una relación entre el administrador y la P.H. y se hace innecesario suscribir otro documento, siempre y cuando en el Acta de nombramiento se haya fijado la remuneración. De igual manera, recordemos que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción.

Pero si la Propiedad Horizontal insiste en que se celebre un contrato, se debe celebrar un contrato de prestación de servicios, pues la labor del administrador a pesar de ir de la mano de las decisiones de la Asamblea y el Consejo, sigue siendo una labor independiente, autónoma, por su conocimiento profesional, que no tiene que estar todos los días, todas las horas en la P.H., etc.

Por supuesto que hay Propiedades Horizontales donde exigen al Administrador que tiene que cumplir un horario, pero no uno de una o dos horas, sino casos extremos donde obligan al administrador que debe cumplir el famoso “horario de oficina”, o sea, todo el día, toda la semana. En dicho caso, estamos frente a una subordinación laboral y como tal, la relación es laboral y no comercial y por ende, hablamos de un contrato de trabajo y todas sus garantías prestacionales. j/actualícese. 

Bajo esa definición, si una de las partes decide terminar anticipadamente el contrato, estaría violando dicha cláusula de permanencia

Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno (como el de mínima intervención y de selectividad).

Por su calidad en el procedimiento y su vinculación con los demás intervenientes en el proceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo, por sustentar una posición opuesta al imputado y ejercer la acción penal (en algunos países en forma monopólica). Sin embargo, es parte formal y no material, por carecer de interés parcial (como un simple particular) y por poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (al Estado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes.

Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un auto del pasado mes de febrero.

Según la Sala, no es lo mismo acusar por homicidio simple y condenar por agravado, caso en el que sí se aumenta la pena y se perjudica al procesado, que pasar de la coautoría a la complicidad, lo que implica una rebaja sustancial de la pena.

La Corte recordó que los cambios en la estructura procesal que beneficien a los procesados no se pueden anular en casación.

J/ámbito jurídico 

Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad

Los atributos de la personalidad nacen posible que el ser humano se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad. En este sentido los atributos que le son útiles para establecer una identidad son los atributos que le son útiles al ser humano para determinar su relación con los demás son los atributos de personalidad de capacidad y de estado civil. Así mismo, el ser humano puede identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña en su nación al ser él el sujeto que ejerce derechos y que contrae obligaciones. Es así como los atributos de la personalidad referentes a la nacionalidad y el patrimonio le ayudan a entender la relación que tiene con su nación.

Los atributos de la personalidad son aquellas cualidades que le son inherentes a cada persona, es decir, aquellas propiedades que le corresponden por el simple hecho de ser tal. No se puede concebir una persona que no tenga tales cualidades. Estos atributos son la capacidad de goce, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio, el nombre y el patrimonio.

Hay autores que también consideran como elementos del estado al poder y al derecho.

Dichos antecedentes, desaparecen una vez la persona haya cumplido la condena impuesta o en su defecto haya operado el fenómeno de la Prescripción de la Sanción Penal.

Ahora, hasta hace poco hablábamos del Certificado Judicial, que es como su nombre lo dice, el documento físico que certifica los antecedentes judiciales, certificación que le correspondía hacer al DAS (en liquidación) y que fue delegada dicha competencia en la Policía Nacional.

Recuerde no confundir con Antecedentes Disciplinarios y Fiscales. El primero corresponde a faltas disciplinarias cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y de particulares en ejercicio de funciones públicas, sanción que impone la Procuraduría y Control Disciplinario y la segunda corresponde a faltas a la gestión fiscal y su sanción pecuniaria a los funcionarios o particulares antes descritos y la impone la Contraloría. j/actualícese. 

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo

Al referirse al papel de los abogados en la lucha contra la corrupción, el funcionario señaló que un verdadero profesional del Derecho tiene el deber de ser un apóstol de la justicia.

los principales objetivos del nuevo Código de Ética del Abogado o Estatuto de la Abogacía, en etapa de elaboración, que busca hacer más estricto el régimen disciplinario por la comisión de faltas en el ejercicio de la profesión, entre otros fines.

El código tiene una parte ontológica (¿qué significa ser abogado?), una parte deontológica (¿qué debe ser y hacer un abogado?) y un régimen de sanciones, para que “podamos sacar para siempre de los juzgados y tribunales a los abogados infractores”, puntualizó el ministro. j/ámbito jurídico 

Con esta decisión, respaldó la labor de la fiscalía a la hora de calificar los hechos, pues consideró que la función constitucional del ente acusador es, precisamente, recaudar elementos probatorios para acusar.

El alto tribunal ratificó que los jueces sí pueden anular las aceptaciones, pero por razones jurídicas diferentes, como la vulneración del debido

Cabe recordar que la Corte ordenó la unificación gradual y sostenible de los POS, con el fin de eliminar las inequidades que se presentan entre los planes de beneficios de los afiliados al régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado.

Ese proceso debe realizarse teniendo en cuenta las prioridades de la población, la sostenibilidad financiera del sistema, la racionalización del acceso a los servicios y la adopción de medidas para estimular el pago de las cotizaciones por parte de que quienes tienen capacidad económica.

Así mismo, debe garantizarse la participación directa y efectiva de las EPS, la comunidad médica, las organizaciones de profesionales de la salud, las sociedades científicas, los usuarios y afiliados y demás interesados.

La Cres, que ya unificó los POS para los afiliados al régimen subsidiado menores de 18 años y los mayores de 60 años, desarrolla planes piloto de unificación para todos los afiliados en Barranquilla y Cartagena.

Este año, la unificación cobijaría a las mujeres de 18 a 44 años, y en el 2013, a otros grupos etarios. El Gobierno aspira a terminar ese proceso entre los años 2014 y 2015.

La Cres convocó a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las demás entidades estatales garantes de los derechos de los ciudadanos, para que participen en los diferentes eventos que se llevarán a cabo. j/ ámbito jurídico 

Hasta el 16 de marzo de 2012 habrá plazo para que los empleadores, y los que fueron agentes de retención en la fuente a título de renta durante el 2011, expidan a sus asalariados o a sus proveedores y acreedores los certificados por las retenciones que les practicaron durante el 2011 (ver Artículo 29 del Decreto 4907 de diciembre 26 de 2011).

Sin embargo, tales certificados casi siempre son expedidos en formas continuas con la opción que para tales fines tienen la mayoría de los programas de contabilidad y allí es donde puede haber problemas con esa frase final que en forma automática se le pone a esos certificados, pues como es automática a veces no se fijan que puede terminar  diciendo mentiras.

Nos referimos a esa frase final donde se lee:

“Esta retención fue oportunamente consignada en los bancos de la jurisdicción de la administración de impuestos de xxx”.

(el subrayado es nuestro)

Si no se han consignado las retenciones, se debe ajustar esa frase final

Esa frase terminaría siendo mentirosa si para la fecha en que se expida el certificado, haya sucedido que el agente de retención no ha consignado efectivamente esas retenciones que practicó durante 2011. Y es que en efecto, muchos agentes de retención pudieron haber sólo practicado las retenciones, pero no las declararon por no tener la plata, pues recordemos que durante 2011 se aplicó la norma del artículo 580-1 del Estatuto que exige que la declaración de retención se presente con pago para darla como presentada.

En consecuencia, esos agentes de retención que no han presentado ni pagado alguna o varias de las declaraciones de retención en la fuente del 2012 no pueden colocar en sus certificados de retención del año 2011 esa frase que antes citamos sino que tendrían que colocar otra que diga: “esta retención fue practicada durante el año 2011 pero aún se encuentra pendiente de ser consignada”.

Y aunque el agente de retención confiese que no ha consignado todavía las retenciones,eso no impide que el sujeto pasivo que sufrió la retención sí pueda restarse los valores que le retuvieron en su declaración de renta, pues el sujeto pasivo sí sufrió la retención y la DIAN tiene que reconocerle su derecho a restársela, pero al mismo tiempo tiene que perseguir al agente de retención moroso.

No hay que sumar dos delitos: peculado y falsedad

Recordemos que si un agente de retención no consigna dentro de los 2 meses siguientes al plazo que le fija el gobierno los valores retenidos (como el caso de los empresarios Nule), en ese caso ya está enfrentando la responsabilidad penal por peculadoque expone al representante legal o al encargado de hacer los pagos de esa retención a cárcel de 4 a 9 años y multa del doble de lo no consignado sin superar 1.020.000 UVT (ver artículo 402 del Código Penal).

Y en este punto se debe mencionar que el Decreto 2321 de junio 30 de 2011 modificó el Artículo 116 del Decreto 3050 de diciembre 23 de 1997 para aclarar que el aviso previo que debe hacer la DIAN antes de iniciar un proceso penal a quien no cancela oportunamente los valores por IVA o por retención, es un aviso que se podrá hacer por cualquier medio. También se  actualizó la redacción de la norma para que se quedara indicando, expresamente, que las sanciones penales que se aplicarán en esos casos no son las establecidas en el artículo 665 del E.T. sino las establecidas en el artículo 402 del Código Penal.

Pero allí es donde la DIAN actualmente está “desarmada” y no puede saber si inicia ese proceso penal o no, pues como ya no es obligatorio presentar todos los meses la declaración de retención así fuese en ceros (ver parágrafo 2 del artículo 606 del Estatuto), entonces la DIAN no se puede dar cuenta si un agente de retención dejó de presentar una declaración porque no hizo retenciones en ese mes o porque sí las practicó pero no las declaró por no tener la plata para presentarla con pago.

Entonces,  si un agente de retención no ha consignado los valores retenidos, y al mismo tiempo expide el certificado con la frase mentirosa de decir que sí lo hizo, en ese caso ya estaría enfrentando un segundo delito que sería el de falsedad en documento privado (ver Artículo 289 del Código penal).

Y tampoco puede decir que entonces mejor no expide el certificado, pues en ese caso le aplicarán la sanción del Artículo 667 del Estatuto Tributario que indica que lo castigarían con una multa equivalente al 5% de los valores no certificados.

En conclusión, los agentes de retenedores morosos que no consignan las retenciones sí deben expedir los certificados, pero cuidando la frase final que pondrán en los mismos y al mismo tiempo deben esforzarse por pagar prontamente los valores adeudados para evitarse los procesos penales por peculado. Actualicese

Antijuridicidad material: se dice que una conducta es materialmente antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico tiene, además, un componente de dañosidad social, es decir, ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido

La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento jurídico; en otras palabras, que dicho comportamiento es contrario a Derecho.

Por ello, es que la Corte Constitucional ha expedido decenas de sentencias de inexequibilidad sobre normas inconstitucionales y miles de sentencias de tutela, protegiendo derechos fundamentales como la vida en conexidad a la salud y la seguridad social, la protección a la maternidad, los derechos fundamentales del recién nacido, la seguridad social, la dignidad, etc. j/ actualícese. 

Los testigos pueden ser clasificados en testigo de hechos, de

acreditación, perito, de referencia y relativo a la credibilidad de

otro.

¿Quién es el testigo de hechos?

Es el que presenció directamente el delito y en el juicio oral

relata los hechos.

¿Quién es el testigo de acreditación?

Es la persona que no presenció los hechos objeto de investigación,

pero que en el juicio oral da cuenta de circunstancias

relacionadas con elementos de prueba.

Por intermedio de este testigo se presenta y acredita la evidencia.

El ejemplo más claro de esta clase de testigo es el servidor de

policía judicial que acude a la escena del crimen, detecta y

recoge elementos físicos de pruebas. Él es testigo de acreditación

en relación con las evidencias recolectadas en la escena.

¿Quién es el testigo perito?

No ha percibido los hechos, pero ofrece su conocimiento

oralmente sobre aspectos que involucren conocimientos

científicos, técnicos, artísticos o especializados, relacionados

con el delito.

¿Quién es el testigo de referencia?

No tiene conocimiento directo de los hechos, sino a través de lo

que terceras personas le han manifestado, pero su testimonio,

generalmente, no puede ser aceptado como prueba en el juicio.

Sólo excepcionalmente puede ser admitido, por ejemplo, cuando

el testigo directo ha muerto o ha sido secuestrado. Son los

llamados “testigos de oídas”.

¿Cuál es el testigo relativo a credibilidad de otro?

No tiene conocimiento sobre la conducta delictiva ocurrida, pero

ofrece su testimonio sobre aspectos que pueden afectar la

credibilidad o carácter de un testigo.

en la audiencia del juicio oral?

Decidir la controversia –si la evidencia muestra o no más allá

de una duda razonable la responsabilidad penal del acusado–.

Escuchar de manera imparcial el testimonio, la presentación y

la contradicción de pruebas por las partes. Dirigir y coordinar

toda la audiencia. Es el destinatario de las pruebas. Vela por

que las intervenciones de las partes y testigos se hagan de

conformidad con la ley. Decide sobre las objeciones u oposiciones

a las preguntas y cuando termina la audiencia anuncia el sentido

del fallo.

que terceras personas le han manifestado, pero su testimonio,

generalmente, no puede ser aceptado como prueba en el juicio.

Sólo excepcionalmente puede ser admitido, por ejemplo, cuando

el testigo directo ha muerto o ha sido secuestrado. Son los

llamados “testigos de oídas”.

en el juicio oral?

Se le recibe el juramento de no faltar a la verdad. Seguidamente,

la parte que ofreció la prueba lo interroga y después la otra

parte, si lo desea, lo contrainterroga. Todos los testigos se

someten a preguntas y contrapreguntas

antes de que rindan su testimonio en el juicio oral?

Sí. Los deben preparar, pero no en el sentido de crear su

testimonio o dirigir lo que debe testificar o para que falten a la

verdad, sino para ilustrarlos sobre el procedimiento y las reglas

que han de seguirse; los efectos jurídicos de su declaración;

cuál va a ser el papel del interrogador, del contrainterrogador,

del juez y del Ministerio Público; sus derechos y deberes; resaltar

que la verdad está por encima de cualquier otra consideración;

advertirle que no debe emitir opiniones y prever preguntas de

la otra parte, entre otros aspectos.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor.

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;

b) La indicación del día probable del parto, y

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público.

5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.

6. En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

7. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:

a) Licencia de maternidad Preparto. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar las catorce (14) semanas en el postparto inmediato. Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de trece (13) semanas posparto y una semana preparto. b) licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.

Un derecho que tiene el trabajador dependiente. No importa que el contrato sea a término fijo, indefinido, de obra o labor a desarrollar (en cualquiera de ellos es subordinado).

Es el trabajador el que decide si quiere hacer uso de dicha licencia, no el empleador.

Empieza desde el mismo momento de la muerte del familiar, no cuando el empleador lo decida.

Son cinco (5) días hábiles, pues los días no son sólo para pasar un momento personal difícil sino también para hacer las correspondientes diligencias que implica la muerte de un familiar (trámites exequiales, notariales, sucesiones, seguros, etc.).

Son remunerados, en otras palabras, no se descuenta del salario los días de ausencia.

El trabajador tiene 30 días a la ocurrencia del fallecimiento de los familiares mencionados en la Licencia por Luto para presentar a su empleador, documento oficial que pruebe el deceso (registro civil de defunción, acta de fallecimiento de medicina legal o del centro médico que certificó la muerte).

¿Qué pasa si el empleador no concede el derecho a la licencia de luto?

Como ya mencionamos, la Licencia por Luto es un derecho de rango legal, no es un favor que hace el empleador al trabajador.

De tal manera que si un empleador se niega a dar dicho derecho a su trabajador, está exponiéndose a que su trabajador pueda presentar renuncia motivada por violar dicho derecho y por ende, cobrar indemnización por despido indirecto o renuncia con justa causa. j/actualícese 

Según Zapata, la competencia de la corporación se reduce a la elección del Fiscal. El tema del periodo, afirmó, se encuentra consagrado en la Constitución y la ley.

Además, el presidente de la Corte aseguró que, tan pronto sea enviada la nueva terna de candidatos, dispondrá lo necesario para que se produzca la elección de manera inmediata.

Aunque aún no se conoce el texto de la sentencia que declaró la nulidad , el presidente del Consejo de Estado aclaró que en ella no se toma ninguna decisión sobre el periodo, pues este asunto no fue objeto de la demanda de nulidad.

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le solicitó un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el fin que dé “luces al respecto, para tener seguridad y proceder a la mayor brevedad posible a presentar la terna”.

Los encargados en la Fiscalía

Mientras se resuelve esta incógnita, Santos posesionó como fiscal general encargada a Martha Lucía Zamora Ávila.

Zamora, abogada de la Universidad Externado y magistra en Ciencias Penales, se desempeñaba como asesora principal del despacho de la exfiscal Morales. Además, ocupó los cargos de magistrada auxiliar de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, fiscal delegada y procuradora delegada ante la Corte Suprema.

De otro lado, el nuevo vicefiscal general de la Nación encargado es José Ricardo González Esguerra, abogado de la Universidad Libre, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

González venía de ocupar el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema y fue procurador judicial penal y juez de la República. j/ ámbito jurídico 

Como en estos casos la cobertura de cada sistema es independiente, no hay inconveniente para efectuar el reconocimiento simultáneo, precisó el Ministerio de Salud. 

La entidad resolvió una consulta de un trabajador que sufrió un accidente de trabajo y, mientras era atendido, se le detectaron dos eventos de origen común (estrangulamiento del intestino y tumor maligno en un riñón).

Aunque la situación generaba varias incapacidades, los médicos de la EPS no las decretaron, pues, a su juicio, esto le correspondía a la ARP.

El ministerio recordó que el pago de las incapacidades no solo es una forma de remuneración del trabajo, sino una garantía para la salud del trabajador, que le permite recuperarse satisfactoriamente, sin tener que reincorporarse de manera anticipada a sus actividades.

El artículo 206 de la Ley 100 de 1993 precisa que el sistema de salud debe garantizarles a los afiliados cotizantes, entre otros beneficios, el subsidio en dinero por incapacidades temporales derivadas de una enfermedad o de accidentes ocasionados por cualquier causa de origen no profesional.

Por su parte, la Ley 772 del 2002 señala que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional deben ser reconocidas y pagadas por la ARP.

Así las cosas, si al pago de una incapacidad de origen común se suman las secuelas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional y se presenta una incapacidad de origen profesional, o viceversa, no existe norma que prohíba dicho pago. j/ Ámbito jurídico 

Principios relativos a la función Protectora del Estado, dentro de este grupo encontramos principios que limitan la actuación del estado y el alcance de esta:

o Principio de mínima intervención, el derecho penal protege bienes jurídicos e interviene en lesiones graves a estos.

o Principio de subsidiariedad, interviene cuando las demás ramas del derecho han fallado o no son suficientes.

o Principio de proporcionalidad de las penas, la pena debe ser de acuerdo al delito sin exagerar y debe ser media en base a la importancia social del hecho.

Principios Relativos a la forma y aplicación de la norma penal, establecen límites al estado respecto a la forma de plasmar la norma penal:

o Principio de legalidad, el delito y la pena deben estar en una ley de forma escrita, estricta, cierta y abstracta. (nullum crime, nullum poena sine lege previa)

o Principio de prohibición de retroactividad de la ley y de ultra actividad, la ley solo preverá para lo venidero no pudiendo ver al pasado a no ser sea de beneficio para el reo.

o Principio de especialidad y principio de Non Bis In Ídem. Alguien no podrá ser juzgado dos veces por el mismo acto (la misma circunstancia en el mismo lugar en el mismo momento, pero si por el mismo ilícito, es decir, que robe una vez y entre preso por eso no quiere decir que si robo de nuevo no puedo volver a ir preso)

Principios que se desprenden del concepto de culpabilidad, se imponen al legislador y juzgador al momento de aplicar la norma penal:

o Principio de culpabilidad, la culpabilidad es el criterio para determinar la responsabilidad de un individuo, por tanto no hay pena si no hay posibilidad de reproche.

o Principio del derecho penal del acto, se sanciona el acto no así la personalidad de la persona.

o Principio de las penas trascendentales, la pena es personal, no puede ser transferida en ningún momento por ninguna circunstancia.

o Principio de presunción de inocencia, se presume la inocencia del individuo y quien acusa debe probar lo que denuncia, se invierte la carga de la prueba.

o Principio de imputabilidad, la persona debe ser conciente de sus actos (muy vinculado a la culpabilidad) y debe ser capaz de aceptar el reproche y la responsabilidad de sus actos

o Principio de dolo o culpa, la acción fue con intención o por imprudencia (entra en atenuantes y agravantes porque delito es delito)

Edificio o conjunto de uso residencial

Reglamento de Propiedad Horizontal: Estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal

 La norma es clara: si el trabajador devenga hasta dos (2) s.m.m.l.v. y necesita de un medio de transporte para desplazarse de su casa al sitio de trabajo, tiene derecho a su reconocimiento y pago, incluso si trabaja solamente media jornada al día. Pero, si en el mes sobrepasa dicho monto, gracias a comisiones por venta y trabajo suplementario, dicho mes el empleador no estaría obligado a dar el auxilio de transporte, así lo explicamos en nuestro editorial “

 Si en Semana Santa no se labora el lunes, martes y miércoles, se puede descontar del auxilio de transporte, pues así, se deduce claramente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, al repetir una y mil veces, que el auxilio de transporte no es un pago por servicios; es una ayuda por cada día que se va a prestar un servicio, sobre el particular.

Hay trabajadores que deben ejecutar sus labores por fuera de las oficinas o fábricas, lo que hace que se desplacen durante todo el día, casos en los cuales muchas veces utilizan sus propios vehículos. Si se paga auxilio de rodamiento, ¿qué pasa con el auxilio de transporte? Ese interrogante, que ha llevado a muchas empresas a equivocarse, se resuelve en nuestro editorial “Auxilio de rodamiento no excluye la obligación del auxilio de transporte” j/actualícese. 

El Derecho comparado como método puede ser aplicado a cualquier área del derecho, realizando estudios específicos de ciertas instituciones. A este tipo de análisis se le denomina microcomparación. Por su parte, si se estudia las diferencias estructurales entre dos sistemas jurídicos se le denominará análisis macrocomparativo

1. de administración
2. de emergencia publica

Cuando se presentan lesiones debido a posibles actos de violencia (lesiones personales en peleas, intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, accesos carnales, etc.), la víctima será remitida por orden de autoridad competente (Juez o Fiscal), ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que uno de sus médicos realice unas valoraciones médico-legales. Este galeno será quien determine, a través de su peritaje, cuál es la gravedad de las lesiones y el tiempo que gastaría el cuerpo humano en lograr la reparación biológica primaria.

Dichos médicos-legales no curan, ni recetan medicamentos, ni ordenan reposo. Simplemente dictaminan por solicitud de una autoridad judicial, el tiempo que se determinará como periodo para restablecerse el cuerpo a su estado anterior a la lesión y sus secuelas, el tipo de lesión, el elemento usado para la lesión –arma-.

¿Quién cura, quién receta, quién ordena reposo?

A pesar de ser una lesión por posibles actos de violencia, el galeno que va a adelantar el tratamiento médico con exámenes, revisiones, remisión de medicamentos, hospitalizaciones y orden de reposo, será el médico de la EPS a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

Ausencia laboral por lesiones a causa de actos de violencia

Si un trabajador es víctima de actos de violencia (lesiones personales en riñas, homicidios tentados, violencia intrafamiliar, accesos carnales, etc.), debe presentar como única excusa o incapacidad laboral, la que expide el médico de la EPS, no la que emite el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues como ya anotamos, dicho dictamen pericial, es sólo para asuntos propios del proceso judicial que se está adelantando, pero no sirve de excusa frente al empleador. j/actualícese 

Documentos auténticos y reconocimiento de firmas. Se elimina la presentación de documentos auténticos y reconocimiento de firmas. En este último caso, se exceptúan los documentos que impliquen transacción, desistimiento y disposición de derechos, que deberán aportarse a los procesos y trámites administrativos.

Actuaciones mediante abogado. Para las actuaciones o trámites administrativos ante la autoridad tributaria no se requerirá abogado, salvo para la interposición de recursos.

Errores de ortografía y mecanografía. No habrá devolución o rechazo de solicitudes contenidas en formularios que presenten errores de citas, de ortografía, de mecanografía, de aritmética o similares, excepto cuando afecten de fondo el asunto tratado. El funcionario competente podrá corregir el error.

Programación de citas. La DIAN programará citas para los trámites que requieran la presencia del usuario en sus oficinas.

Declaraciones sin pago total. La declaración de retención en la fuente presentada sin pago total producirá efectos legales antes del vencimiento del plazo para declarar, siempre y cuando el pago completo se efectúe dentro del término fijado para ello.

Quejas y reclamos ante la DIAN. Se podrán realizar por medios electrónicos, a través del portal de la entidad.

RUT: Los trámites de inscripción y actualización del registro único tributario (RUT) los realizará la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o se efectuarán mediante apoderado. No se requerirá la impresión de la huella dactilar, sin perjuicio de la implementación de sistemas biométricos. Desde el 1° marzo, las solicitudes de expedición de copias del RUT las atienden los centros de contacto de la entidad, que deben remitirlas al correo electrónico del interesado.

Régimen simplificado. A partir del 2013, las personas del régimen simplificado podrán presentar las declaraciones y la información exógena a través de mecanismos digitales. A partir de julio del 2012, podrán realizar la formalización de la inscripción y actualización del RUT a través del portal de la DIAN.

Régimen común: A partir de julio del 2012, los responsables del régimen común podrán presentar las declaraciones y actualizar la información del RUT a través de mecanismos digitales.

Libros de contabilidad: Se eliminó el registro de algunos libros de contabilidad para las entidades obligadas a inscribirse en las cámaras de comercio. El registro de libros ante la DIAN se continuará haciendo. Los libros de los comerciantes podrán ser de hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del Gobierno. Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos que garanticen su conservación y la inalterabilidad, la integridad y la seguridad de la información.

Notificaciones en línea: Los actos administrativos devueltos por correo se notificarán mediante aviso en el portal de la DIAN.

Facturación: Cuando la autorización y la habilitación de la numeración se hagan a través de apoderado, requerirán la presentación del poder correspondiente. Se elimina la presentación personal ante notario.

Asignación, renovación y revocación de firma con certificado digital: Cuando el interesado no realice directamente este trámite, lo podrá hacer su apoderado o mandatario. j/ámbito jurídico 

1. La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2. La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega

De acuerdo con el alto tribunal, estos títulos deben estar acompañados del contrato, de la aceptación previa del representante de la entidad o su delegado o de la aceptación por parte de la administración.

A su juicio, este documento debe allegarse, porque la Ley 80 de 1993 exige que el título esté respaldado en el negocio jurídico subyacente. Además, no puede presumirse una manifestación de voluntad del Estado, cuando la administración no se ha pronunciado expresa o tácitamente.

El Consejo aceptó que esta tesis varía la que ha sostenido hasta el momento sobre la autonomía de los títulos valores, independientemente de su origen. J/ámbito jurídico 

En el caso analizado por el alto tribunal, el funcionario ordenó el embargo de varias cuentas del municipio de Cali, pero una de las entidades afectadas no informó la naturaleza inembargable de los recursos.

El Consejo explicó que si el ejecutado no informa y demuestra esta condición, no puede se le puede endilgar una falta disciplinaria al juez por el hecho de no averiguarla.

Además, aclaró que no todas las cuentas de las entidades territoriales son inembargables, pues, de ser así, las acreencias quedarían sin respaldo y las obligaciones de la administración se convertirían en naturales.

Sistema General de Participaciones

El año pasado, el Consejo informó que 1.265 jueces estaban siendo investigados por embargar cuentas de la Nación. En esa oportunidad, advirtió que decretar este tipo de medidas sobre dineros del Sistema General de Participaciones es contrario a la ley, pues esos recursos son inembargables.

La Procuraduría General de la Nación ha reiterado que quienes decreten dichos embargos pueden incurrir en falta disciplinaria, por grave afectación del patrimonio público y el orden económico y social del Estado. j/ámbito jurídico 

La licencia de maternidad es de 14 semanas según la reciente modificación que hiciera del artículo 236 del código sustantivo del trabajo la ley 1468 de junio 30 de 2011, la cual en su artículo 1 dejó el artículo 236 del código sustantivo del trabajo en la siguiente forma:

Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor.

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;

b) La indicación del día probable del parto, y

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público.

5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.

6. En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

7. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:

a) Licencia de maternidad Preparto. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar las catorce (14) semanas en el postparto inmediato. Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de trece (13) semanas posparto y una semana preparto. b) licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.

Parágrafo 1°. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad.

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera.

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. Se autorizará al Gobierno Nacional para que en el caso de los niños prematuros y adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo.

Parágrafo 2°. De las catorce (14) semanas de ·licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce.

Parágrafo 3°. Para efecto de la aplicación del numeral 5 del presente artículo, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.

El devengado, es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena. Este valor está compuesto por el salario básico, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales, festivos, comisiones, auxilio de transporte, etc.

Las deducciones son los valores que se le descuenta de la nómina al trabajador. Entre estos valor se tienen los aportes a salud y pensión que el corresponden al empleado. Las libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional cuando fuere el caso, la retención en la fuente si hubiere lugar a ello, y cualquier otro descuento autorizado por el empleado.

Debemos tener claridad en el sentido que la empresa no puede descontar del sueldo del empleado valores que no estén autorizados por el mismo trabajar, por ley o autoridad judicial competente. Es común que algunas empresas, cuando un trabajador le resulta un faltante, se lo descuenta al trabajador “por la derecha” de sueldo, algo que la ley de forma enfática prohíbe si no se tiene la autorización del empleado.

El resultado de restar las deducciones al total devengado, es lo que conocemos como el neto a pagar, que es lo que efectivamente recibe el trabajador.

Las apropiaciones, son los valores que la empresa deba pagar, como es la salud y pensión en el porcentaje que el corresponde, riesgos profesionales, los aportes parafiscales (Sena, Cajas de compensación y el Instituto de bienestar familiar), las prestaciones sociales (Prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación, vacaciones).

Se llama apropiaciones porque a diferencia del devengado que debe pagarse al finalizar le mes, las apropiaciones se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después dependiendo del concepto, por lo que se deben apropiar (provisionar) para poder contar con los recursos suficientes a la hora de tener que pagar esos valores.

Tanto los Estados como las organizaciones no-gubernamentales apoyaron ampliamente en la Conferencia de Roma la inclusión de la agresión como un crimen. Sin embargo, no hubo tiempo para llegar a una definición de agresión que fuera aceptable para todos. Como consecuencia, el Estatuto establece que la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión hasta que se llegue a un acuerdo en una Conferencia de Revisión por los Estados Partes, sobre la definición, elementos y condiciones necesarios para que La Corte ejerza jurisdicción sobre la agresión.

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad tiene competencia exclusiva para determinar si se ha cometido un acto de agresión. El Estatuto determina que el texto final sobre el crimen de agresión debe ser consecuente con las respectivas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

El Genocidio incluye la lista de actos concretamente prohibidos (ej. matar, causar grave daño) cometidos con el intento de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid.

El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente de que se realicen en tiempo de paz o en tiempo de guerra.

Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las Convenciones de Ginebra en 1949 y a otras violaciones graves que se enumeran en el Estatuto, cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales.

En los últimos 50 años las violaciones más graves de los derechos humanos no han ocurrido en conflictos internacionales sino dentro de los Estados. Por lo tanto, el Estatuto de la Corte incorpora las normas de la ley humanitaria internacional contemporánea que condenan, como crímenes de guerra, las violaciones graves que se cometen en los conflictos armados internos que no sean perturbaciones internas o motines.

Las definiciones de los crímenes que contiene el Estatuto son el producto de años de arduo trabajo realizado por muchas delegaciones y por sus expertos. Cada definición está formulada de manera precisa para que refleje las normas internacionales existentes y está redactada de acuerdo con los requisitos de claridad de la justicia penal. A los jueces de la Corte se les exige que interpreten las definiciones de manera estricta y no hagan extensiones por analogía. El objetivo es el de establecer normas internacionales objetivas y evitar decisiones arbitrarias. En casos de ambigüedad, las definiciones se deben interpretar en favor del acusado

Ley 1258 de 2008 “Artículo 17. Organización de la sociedad. En los estatutos de la sociedad por acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante legal.

Parágrafo. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal.” (Negrillas y subrayado nuestro)

Asamblea de Accionistas en SAS de un solo accionista: Quórum y mayoría

Pues bien, como ya anotamos, al poder existir SAS de un solo accionista, las obligaciones propias de una sociedad mercantil, sin importar el número de asociados que tenga, igual subsisten para las SAS de un accionista.

Por ejemplo, tener Libro de Accionistas y Libro de Actas de Asamblea de Accionistas

De tal manera, que debe realizarse Asamblea de Accionistas, mínimo una al año como establecen la norma general de las sociedades mercantiles: Código de Comercio y la Ley 1258.

Ahora, se entenderá que al existir sólo un accionista, él conformará un quórum y mayoría del 100%. Y al igual que toda sociedad mercantil, deberá levantar Acta de la reunión, donde el decidirá y aprobará todo. J/Actualícese. 

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

PARÁGRAFO. La jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de un (1) año

Con estos argumentos, la Sala absolvió al conductor de un bus acusado de homicidio culposo. En su opinión, el juez de segunda instancia concluyó que el procesado era responsable de la muerte de un menor de edad, con ambiguas generalizaciones afirmativas.

Según la corporación, el juzgador también debió valorar la conducta del padre de la víctima, pues existía la posibilidad de que su conducta imprudente y temeraria hubiera causado el accidente.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentenc

JAE/AMBITO JURIDICO 

Por lo tanto, si se requieren hacer actualizaciones del RUT o inscripciones por primera vez en el mismo, en ese caso se deben hacer tales trámites cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 9 y siguientes del Decreto 2788 de 2004, luego de haber sido modificados con los Decretos 2645 de julio de 2011 y 2820 de agosto de 2011 (llevando original y fotocopia del recibo de servicios públicos o de impuesto predial que corresponda a esa dirección que tendrán reportada en el RUT.

El trámite de la obtención del mecanismo de firma digital es gratuito y consiste en que la persona que finalmente se presentará en la DIAN firmará el formulario 100036 en el cual estarán los datos de la persona a la cual se le emitirá la firma digital, y en ese formulario 100036 estará indicada una cuenta de correo electrónico (que sería la misma que figura en el RUT) a la cual finalmente se enviará un archivo especial de extensión “epf”. JAE/actualícese. 

El secuestro es una medida cautelar para asegurar el cumplimiento o ejercicio de un derecho legalmente reconocido, como en el caso de cobros ejecutivo de créditos, para lo cual se opta por secuestrarlos para preservarlos hasta la hora en que la justicia tome la decisión final sobre lo que se esta discutiendo o alegando, y que de acuerdo a dicha decisión, el bien se regresa a su propietario o se le hace entrega a quien alega un derecho, quien lo recibe como garantía, pago o indemnización.

• Las pensiones negadas pueden ser reconocidas por vía judicial.
• El régimen de transición para pensionarse con 500 semanas termina el 30 de junio del año 2010 y continúa para los de 750 semanas en el  2005 cuya transición va hasta el año 2014.
• Usted, puede tener derecho a dos pensiones por vejez y sobrevivientes.
• Usted, tiene derecho al incremento pensional del 14%  por su cónyuge o compañera permanente y del 7% por cada uno de  los hijos menores o discapacitados y dependientes económicamente.
• Si, ha usted, lo pensionaron en el  año 2003 y no le aplicaron el régimen de transición,  usted, tiene derecho a reajuste pensional.
• Si, lo pensionaron por invalidez, tiene derecho a reclamar la devolución de aportes en el fondo de pensiones.
• Cuando los fondos de pensiones  no pagan oportunamente su pensión, tiene derecho a intereses moratorios.
• Usted, también puede tener derecho a pensión de invalidez o sobrevivientes con 26, 50  o  300 o más semanas cotizadas.

De manera excepcional, en caso de deudas por alimentos y cooperativas, el Juez puede ordenar el embargo también, de una parte de las Cesantías y las Primas de Servicio.

Para ampliar lo correspondiente al embargo de salario y prestaciones sociales, puede ver nuestro editorial “Embargo de salarios y prestaciones sociales”

Si el trabajador está incapacitado, ¿durante esos días que se embarga?

Nada. Lo que recibe el trabajador por concepto de Incapacidad, bien sea de enfermedad de origen común o profesional, es un “Auxilio por Incapacidad” que sufraga la EPS o la ARP, pero que nunca puede ser considerado salario, así sea la empresa la que la pague anticipadamente durante las fechas habituales de pagos de salario lo correspondiente a incapacidad. Pues no se está pagando salario, lo que está haciendo la empresa es adelantando un dinero que por su conducto pagará la entidad de seguridad social al trabajador y que luego la empresa compensará con la entidad de seguridad social en el siguiente pago de la PILA.

Así también lo señala el Minprotección Social en su Concepto 332863 de 2011 “En este orden de ideas, considera la Oficina que el porcentaje embargado que decreta el juez debe ser aplicado sobre la porción de salario efectivamente recibido por el trabajador y no lo correspondiente al período de incapacidad que ni siquiera asume el empleador por tratarse de un auxilio.”

De tal manera que si un trabajador estuvo 10 días incapacitado en el mes, sobre esos días, lo que recibirá será auxilio de incapacidad, no importa quién lo pague y por ende, no se podrá hacer ningún tipo de retención, sobre los 20 días restantes del mes, donde el trabajador laboró y recibió salario, sobre ello, se aplicará el embargo según lo haya ordenado el Juez de la República. Jaime. Actualícese 

1.Menores que salen con solo uno de sus padres:

A) Obtener previamente el permiso de aquel padre con quien no viajare debidamente autenticado ante notario o autoridad consular.

B) Nuevo Requisito: Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

1. Menores que salen con solo uno de sus padres pero se desconoce residencia del otro.

A) Se requiere el permiso del defensor de familia, quien seguirá el siguiente proceso de acuerdo a la ley.

1. La solicitud : por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente.

2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de Familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito. Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

En firme la resolución que concede el permiso, el Defensor de Familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por sesenta días hábiles contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el Defensor de Familia remitirá el expediente al Juez de Familia.

La realidad del asunto es diferente a como el común de las personas entienden de esta ley. Primero que todo, la solicitud de divorcio debe ser presentada a TRAVES DE ABOGADO CON LICENCIA VIGENTE.

El otro ítem es el acuerdo, el cual debe contener si existirán obligaciones alimentarías entre cónyuges y el manejo de la convivencia entre ellos en el futuro.

El tercer aspecto y es siempre el que retrasa la aprobación de la solicitud es cuando la pareja tiene hijos menores. En este caso, se debe pedir el concepto del defensor de familia, el cual tarda 2 meses y en el acuerdo se requiere la descripción expresa y detallada de quien ejercerá la custodia y manutención de los niños, así como el régimen de visitas.

La cuarta situación es la concerniente a la liquidación de bienes de la sociedad conyugal. Esto es independiente al divorcio y requiere un proceso adicional. El precio esta basado en la cantidad y valor de las propiedades en común. También se debe hacer a través de apoderado.

ES IMPORTANTE MENCIONAR que para el caso de personas que están por fuera del país, el divorcio puede ser adelantado en su totalidad por el abogado en Colombia quien le indicará la forma de obtener los documentos necesarios y  como deben ser presentados ante la Notaria.

Para entrar en detalles, cuando la pareja esta de acuerdo, tiene 2 formas de solicitar el divorcio. En el primer caso frente a un juez de familia quine luego de avalar el acuerdo de divorcio y verificar su legalidad procede a dictar sentencia. Esta opción es utilizada generalmente por parejas que tienen hijos menores de edad. El termino de duración del proceso depende del juzgado pero en promedio puede estar entre 1 a 3 meses.

En la otra opción se encuentra el divorcio Express en Notaria que permite obtener el divorcio en aproximadamente 4 días hábiles, siempre y cuando no haya hijos, porque de ser, así el termino puede ser de 30 días hábiles aproximadamente. La diferencia entre las 2 clases de solicitud anteriores se determina por el término corto del divorcio Express, sin embargo su costo es mayor que si se solicita en Juzgado.

 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que ni el Estado ni los particulares pueden invadir la ideología para forzar cambios de perspectiva o molestar o perseguir a las personas por causa de su religión. Sin embargo, se debe analizar, bajo el principio de proporcionalidad, la colisión que eventualmente exista entre la libertad religiosa y la neutralidad del Estado. Ámbito jurídico

El alto tribunal aclaró que las EPS se deben limitar a evaluar si la IVE es procedente, en cumplimiento de la Sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en caso de violación o inseminación artificial no consentida, grave peligro para la vida de la madre o malformaciones del feto que hagan inviable su vida.

En ese fallo, la Corte descartó la necesidad de exigir una orden judicial para realizar el procedimiento en estos casos.

Además, las EPS no pueden imponerle al paciente la carga de evaluar su condición médica y la del feto, pues esto les corresponde únicamente a esas entidades, advirtió la corporación. Ámbito jurídico. 

Por lo anterior, se confirma que el empleador no podrá en ningún caso, despedir a la mujer embarazada por el solo hecho de llegar la fecha de terminación del contrato de trabajo, toda vez que la estabilidad reforzada de que goza la mujer en estado de embarazo le garantiza no ser despedida ni que su contrato sea terminado durante el periodo de gestación y hasta los 3 meses posteriores al parto.

Convicción: La decisión debe ser claramente irresoluta, irreversible y muy bien motivada, llena de ilusiones y de energía positiva, no deben existir dudas al respecto, se debe tener conciencia de las implicaciones fiscales y una decisión absolutamente firme del inicio de las actividades en una forma organizada, empresarial y con el lleno de los requisitos de una empresa; a los momentos difíciles estrategias fáciles.

Legalidad: La creación de una empresa implica varios asuntos indispensables para que en el entorno de los negocios la empresa sea reconocida a saber:

1.    Nombre de la empresa: Antes de producir la escritura de constitución se debe verificar ante la Cámara de Comercio si el nombre escogido no ha sido antes utilizado por otra empresa. Igualmente ante la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio se debe verificar si no existen registros marcarios que identifiquen otro tipo de productos pertenecientes a otras empresas. Ambas consultas se pueden realizar a través de las páginas de Internet www.ccb.org.co y  www.sic.gov.co

2.    Constitución de la minuta de la sociedad ante una notaria, la cual expide tres copias de la escritura y la primera de ellas con destino al registro de la Cámara de Comercio de la ciudad del domicilio de la sociedad que se crea.

3.    Inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad donde inicia actividades, en la cual se registra la minuta de escritura pública a efectos de tener la matricula mercantil.

4.    Inscripción ante la Administración de Impuestos Nacionales y Distritales, que acredite el Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) y que lo convierte en persona sujeta de obligaciones fiscales.

5.    Autorización de la DIAN para imprimir la facturación respectiva de la empresa.

6.    Facturación, con los datos comerciales, NIT, condiciones de pago, valores e impuestos de la sociedad creada.

7.    Registro en la página de internet de la DIAN www.dian.gov.co  del Registro Único Tributario (RUT) para efectos de hacer cruces de cuentas con el Sistema Muisca implementado en la Administración de Impuestos.

Planeación estratégica: Cada empresa tiene objetivos diferentes y una cultura diferente, el objetivo primordial es el alcance de una misión específica, que tiene que estar claramente establecida, la Misión es el móvil de la empresa y tiene que ser expresa y hábilmente comprendida por todos los empleados. A su vez debe haber una visión, una meta alcanzable a un plazo razonable, nadie llega a ser el número uno en un plazo corto, periodos de 5 años, 10 años o a 20 años son escenarios posibles y a los cuales se debe proyectar la empresa.

Valores: Parte del éxito de las empresas sólidas en el ámbito internacional es el despliegue de los valores, parece un tema simple, pero la esencia de toda la empresa esta en este punto, los valores deben ser entre 5 y 7 valores, sabiamente escogidos e integralmente desarrollados y conocidos por todo el personal; con un seguimiento permanente de los valores corporativos se tiene garantizado un 50 % del objetivo.

Talento: En entorno laboral, su clima, el estado de los empleados, la escogencia de los mismos, la vocación de servicio, la calidad humana, la iniciativa, el incentivo y en general enmarcar a la empresa en un entorno de amistad, con libertad de opinión, en un marco lineal y no vertical convierte a los empleados en el éxito de la empresa, incluso la participación accionaria puede llegar a ser un modelo inteligente en la suerte de los negocios.

Los únicos pagos laborales que no son salario los podemos clasificar de la siguiente manera:

1. Las prestaciones sociales,  tales como la cesantía, la prima de servicios, los intereses a la cesantía, la pensión de jubilación.

2. Lo que recibe el trabajador en dinero o en especie no para su beneficio o enriquecimiento personal sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, viáticos accidentales, elementos de trabajo u otros semejantes.

En este aspecto, es importante entender que a través de estos conceptos se ha pretendido desdibujar o desalarizar algunos pagos que en esencia son habituales y su objetivo es remunerar al trabajador, para el caso planteado es evidente que si la suma tomada esta directamente relacionada con la productividad del trabajador, estamos ante una pago salarial y no otro.

3. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad se le cancelan al trabajador, como primas, gratificaciones o bonificaciones ocasionales.

La ocasionalidad no hace referencia a número de veces en el año, ya que si es habitual cada año por lo menos una vez podría convertirse en habitual, en la parte salarial.

4. Los pagos o suministros en especie (alimentación, comunicaciones, alojamiento y vestuario, por ejemplo), siempre que las partes acuerden expresamente que no constituyen salario, sin perjuicio de lo previsto para el salario mínimo legal.

5. Los pagos laborales que por disposición legal expresa no tienen carácter salarial, tales como el subsidio familiar, la prima de servicios, la participación de utilidades, los viáticos accidentales y los viáticos permanentes —en la parte destinada a transporte y gastos de representación—. Tampoco son salario los elementos de trabajo, las propinas ni la indemnización por terminación del contrato (§ 1735).

7. El auxilio de transporte. Sólo constituye salario para liquidación de prestaciones sociales.

Si bien en el contrato de trabajo se podría pactar que algún pago no constituya salario, es necesario entender que dicha figura por mal uso de los empleadores se transfiguró ocasionando interpretaciones jurisprudenciales en contrario que en la actualidad, son de interpretación extensiva por parte de los jueces laborales.

• Pago de 60 días de indemnización especial (Art 239 CST).
• Pago de la licencia de maternidad (12 semanas) completa (Art 239 CST).
• Puede darse indemnización por despido sin justa causa si: 1. No se avisa con 30 días de anticipación. Que en el caso concreto sería el equivalente al periodo prorrogado que depende del plazo inicialmente pactado

• Solicitar autorización ante el Inspector del Trabajo (Artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo).
• Alegar una justa causa conforme los artículos 62 y 63 (Artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo)

Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 

Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de que el juez no esté seguro de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio.

Es un accidente de trabajo por ejemplo cuando un empleado sufre una caída mientras baja una mercancía de un estante de la empresa. Es también un accidente de trabajo cuando el trabajador es enviado a consignar un dinero en el banco y en el camino sufre algún accidente. En este caso, aunque estuviera fuera de las instalaciones de la empresa, estaba desarrollando una actividad propia de sus funciones, y mientras el accidente se sufra mientras se labora, no importa donde suceda el accidente, será un accidente relacionado con una actividad laboral.

De otro lado, el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, que fue reformado por el artículo 1º de la ley 362 de 1997, dispone que la jurisdicción del trabajo está instituída para decidir los conflictos JURÍDICOS que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Y a su vez el artículo 3º de la misma obra excluye de la competencia de tales funcionarios, los conflictos ECONÓMICOS, por lo que resulta imperioso precisar el concepto de “conflicto de trabajo” e indicar sus clases, sus orígenes y demás aspectos

Pero en la práctica, muchas EPS, en ejemplos como el anterior, sólo están reconociendo 14 semanas o 16 en caso múltiple y nada más, violando la disposición del nuevo artículo 236 numeral 5º del Código Laboral (Ley 1468 de 2011). Actualícese

El artículo 76 del Código sustantivo del trabajo, define el periodo de prueba como “la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones del trabajo

• El personal que trabaja en el domicilio (p.ej. programadores informáticos),
• El personal que trabaja desde el domicilio (p.ej. agentes de ventas),
• El personal que trabaja en algún centro de teletrabajo (o telecentro), como las telecabañas (telecottages), centros de teletrabajo en medios rurales, y las oficinas relacionadas con ellos.

• Sindicato interempresa : es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos;
• Sindicato de trabajadores independientes : es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno;
• Sindicato de trabajadores eventuales o transitorios : es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes.
• Sindicato de Industria.- Agrupación en un solo sindicato de trabajadores pertenecientes a una industria determinada, sin considerar profesión, oficio o especialidad.
• Sindicato de Oficio.- Agrupación en un solo sindicato de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, sin consideración de industria o empresa.

Normalmente se emplea como medio de ejercer presión en las negociaciones con el empleador, para obtener una mejora en las condiciones laborales, pero ocasionalmente se utiliza como represalia con otros fines

"La Ley 100 de 1993 prima sobre cualquier documento público y protege a los cónyuges como los principales beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. No es como en un seguro de vida que se puede poner como beneficiario a diferentes personas. La pensión, al ser un seguro público está regulado y sigue lo que indica la ley pública, que en este caso específico es que si muere la persona, el único beneficiario es la persona con la que convivió durante los últimos cinco años", le dijo a FinanzasPersonales.com.co, el jefe de área de gestión legal de Protección, Carlos Manuel Uribe Mesa. Revista semana

PAR.—La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. (Art. 62, Código sustantivo del trabajo)

Si bien la inscripción de la demanda no impide la disponibilidad de los bienes, quien los adquiera posteriormente está sujeto a los efectos de la sentencia, destacó la Corte. Ámbito jurídico

Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un hecho y el ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en el modo expuesto.

• Antijuridicidad material: se dice que una acción es "materialmente antijurídica" cuando, habiendo transgredido una norma positiva (condición que exige el principio de legalidad), lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger.

La antijuricidad propiamente dicha también se entiende cuando se vulnera el bien juridico que se tutela (la vida, la libertad, etc

La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito.

Se le puede considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser antijurídica.

Se considera un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como ésta es una conducta contraria a Derecho, "lo que no es Derecho", aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del Derecho, por cuanto éste le asigna una serie de consecuencias jurídicas

2.- Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño. (no hacer).

3.- Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen conocimientos técnicos especiales. (no saber hacer)

4.- Inobservancia de Reglamentos: implica 2 cosas; conociendo las normas estas sean vulneradas implicando "Imprudencia"; o se desconozcan los reglamentos debiendo conocerse por obligación implicando "Negligencia

Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo: "Roberto quiere dar muerte a Pedro, le pone una bomba en el auto, la bomba explota y producto de ello mueren la señora y los hijos de Pedro". La finalidad no es matar a la familia, pero es necesario.

Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como potencialmente posible, pero cuyo resultado es dejado al azar. Ejemplo: "Miguel decide manejar a una muy alta velocidad en una zona escolar y sin intención de arrollar y/o matar alguien, lo hace"

Según los magistrados, los precedentes constitucionales que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual no son suficientes para aplicar retroactivamente un fallo de constitucionalidad. Con ese argumento, borraron los efectos de las uniones homosexuales que terminaron antes del 8 de febrero del 2007, las cuales, en su criterio, no gozan de la protección patrimonial prevista para las uniones maritales de hecho formadas por un hombre y una mujer. Ámbito jurídico

Esto supone que el empleador debe evaluar muy bien la situación, de forma objetiva, justa y equitativa, antes de proceder a dar por terminado un contrato, puesto que la ley le otorga al empleado el derecho a la defensa, y este bien puede ante una instancia judicial conseguir una posible declaración de ilegalidad de la terminación del contrato, significando para empresa un importante costo por pago de indemnizaciones

El aviso mencionado, deberá informar cómo se distribuye el dinero recogido voluntariamente por propinas, si es entre los empleados del servicio o en otras actividades. Actualícese.

Es muy común que las empresas por eludir el pago de Aportes parafiscales y la Seguridad social contrate su personal por servicios, pero las labores y las condiciones reales del desarrollo del servicio hacen que se den los presupuestos par ser considerada una relación laboral, pues si existe subordinación, se cumple un horario, etc., no se puede hablar de una prestación de servicios.

Este tipo de contratos no genera relación laboral ni Prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable. Puede ser civil o comercial, dependiendo del encargo (sí se deriva un contrato mercantil se regirá por la legislación comercial, en cambio, la prestación de servicios inherentes a profesiones liberales se regirá por la legislación civil)

Sobre el “contrato de prestación de servicios”, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154/97,Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA, señaló que “un contrato de prestación de servicios era la actividad independiente desarrollada, que puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.”

De igual forma mediante sentencia del 16 de mayo de 1991, proferida por el Consejo de Estado, sección primera, expediente 1323, Magistrado Ponente LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, se aclaró que a pesar de que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe entenderse como contrato de Prestación de Servicios, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y la concepción tradicional que se ha tenido de aquel, puede afirmarse que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto y que han sido reconocidas por el Estado.

El concepto amplio de sociedad, en contraposición al concepto tradicional, entiende que esa puesta en común de bienes, esa estructura creada entre dos o más personas, puede no estar destinada esencialmente a obtener un lucro, no siendo este ánimo un elemento esencial del referido contrato, por cuanto existen "Sociedad" en conceptos económicos es un sinónimo de empresa o corporación, y especialmente en contextos jurídico-económicos, de figura o persona jurídica

La experiencia muestra que los litigios en materia de propiedad intelectual suelen culminar en un acuerdo. La mediación es un modo eficaz y económico de alcanzar ese resultado manteniendo, y en ocasiones mejorando, la relación entre las partes.willy

imputare, que significa atribuir a otro

una culpa, delito o acción. De conformidad con el Derecho Procesal

• Acciones de perturbación: ( opera para cualquier inmueble) cuando el poseedor o tenedor esta siendo molestado en su acto. Esta acción prescribe en 6 meses

WILLY

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.WILLY

Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
Diez (10) días para contestar peticiones de información.
Treinta (30) días para contestar consultas.

En el caso que las autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, pues se incurre en causal de mala conducta.willy

los 3 primeros dias el empleador al 66.67 %,desde el dia 4 al 90 lo cancela la eps al 66.67%,si la incapacidad prosigue y llega al dia 91 al 180 la cancela la eps pero ya al 50 %,posterior al 180 al 360 el fondo de pensiones,por ello tenga en cuenta lo anterior para conocer quien es competente al pago de la incapacidad durante el tiempo en que el trabajador se halle inmerso en esta.willy

1. En razón del bien usufructuado se entiende por propio aquel que recae sobre bienes inmuebles o no consumibles, e impropio aquel que lo hace sobre bienes consumibles.
2. Se llama parcial cuando afecta sólo a una parte del bien, y total cuando afecta al bien completo.
3. Finalmente, se diferencia, dependiendo de su origen, entre usufructo legal, que es aquel que la ley impone (como los que concede al cónyuge viudo sobre algunos bienes del premuerto), y el voluntario, en virtud de un contrato bilateral o por un acto de última voluntad (testamento).

La propiedad de la cosa es del nudo propietario, que es quien puede disponer de ella, gravándola, enajenándola o mediante testamento.

Puede afirmarse que el usufructo se presenta como una desmembración temporal del dominio; pues mientras una persona, el usufructuario, obtiene las utilidades de alguna cosa, el dueño conserva la propiedad, en tanto que derecho, pero sin poder usar ni gozar de lo suyo, en una expectativa de goce futuro, que lleva a denominarlo, por la disminución de sus facultades de goce, "nudo propietarioWILLY

-       Colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares, los formularios cuya diligencia se exija por disposiciones legales.    

-          Facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico.

-          Aceptar copias de Registros del Estado Civil que les presenten los particulares y hayan sido expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y notarías en medio magnético u óptico.

-          Dar a conocer información sobre normas, funciones, servicios, regulaciones, procedimientos y trámites.

-          Recibir peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los particulares, por medios electrónicos.

-          Utilizar medios electrónicos para el trámite, notificación y publicación de actos administrativos.

De esta manera, la Nueva Ley Antitramite espera solucionar los problemas y congestiones en las entidades publicas y privadas, mejorando también el tiempo disponible de personas como usted que tanto sufrían con este tipo de papeleos. Esta ley es la 962/05 y fue sancionada por el Presidente Alvaro Uribe la primera semana de julio e introducida en el diario oficial 45963. Sin embargo, todavía no esta en firme para entrar en vigencia

WILLY